Vivienda

Con el acceso de toda España a la fase 1 del plan de desescalada, y buena parte del país, como es el caso de Baleares, ya en fase 2 y con expectativas próximas de ascender a la fase 3, el mercado de la vivienda está en plena reactivación y la sociedad española vuelve a poner en marcha sus planes inmobiliarios previos a la crisis del coronavirus. Ahora bien, ¿han cambiado las preferencias de los clientes? Después de todo este tiempo de confinamiento, ¿se han desarrollado nuevas apetencias en cuanto a cómo deben ser nuestras viviendas? Un estudio realizado por el portal inmobiliario pisos.com así lo afirma. Para bien o para mal, el sector ya no será el mismo que el que existía hace menos de tres meses, es decir, antes de que el Covid-19 irrumpiera con fuerza inusitada en nuestras vidas y obligara a transformar, de la noche a la mañana, el contexto social y económico.

En Baleares el precio de la vivienda en alquiler sube un 0,6% en su variación mensual y un 4,1% en su variación interanual, situando su precio en 13,06 €/m² al mes en abril, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este valor de abril es el segundo incremento más alto desde marzo de 2020 (12,98 €/m² al mes); y está un 19% por encima de la media española, que en abril es de 11,02 €/m² al mes.

La irrupción del Covid-19 está marcando nuevas pautas en el mercado inmobiliario. El empobrecimiento general de la población, vinculado al cierre de empresas y negocios, el descenso en la rentabilidad de las actividades que ejercen los autónomos y la destrucción masiva de puestos de trabajo ha provocado que, de la noche a la mañana, un buen número de ciudadanos hallen numerosas dificultades para pagar la cuota del alquiler que en su momento se comprometieron a satisfacer en el documento contractual y que, de hecho, han venido abonando, con mayores o menores problemas, hasta que la crisis sanitaria ha mermado ostensiblemente sus ingresos.

El precio de la vivienda en Baleares ha bajado un 2,4 por ciento en abril respecto al mes anterior aunque ha aumentado un 2,9 por ciento respecto a abril de 2019, hasta los 2.693 euros el metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La Comisión de Construcción de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha propuesto un plan de impulso económico que contempla "el compromiso del sector" para movilizar 2.000 millones de euros de inversión privada para "reactivar la economía de Baleares" tras la pandemia del Covid-19.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya ha ordenado adelantar a las comunidades autónomas, mediante una transferencia urgente, 346 millones de euros correspondientes a la anualidad 2020 del Plan Estatal de Vivienda y, a continuación, transferirá otros 100 millones.

La vivienda de segunda mano en Baleares en marzo de 2020 tuvo un precio medio de 3.165 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso un ascenso del 1,68% frente al mes de diciembre de 2019, el más intenso de España. Interanualmente, se produjo una subida del 8,32%, la más abultada del país. Mensualmente, subió un 0,52%, también el mayor repunte nacional.

Durante el mes de enero la compraventa de viviendas ha caído un 8,8 por ciento en Baleares, según los datos publicados por el INE.

Baleares registró en 2019 un total de 15.643 operaciones de compraventa de viviendas, lo que representa un 10,4% menos en comparación con 2018, cuando la cifra fue de 17.466 transacciones, según la estadística sobre transacciones inmobiliarias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El año pasado fueron embargadas en Baleares 405 viviendas, un 4,6 % más que en 2018, cuando se registraron 387 ejecuciones hipotecarias de casas, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los fondos buitre se han convertido en la mayor pesadilla de todos aquellos que desean negociar una hipoteca o la renovación de sus alquileres. Se caracterizan por su opacidad y casi nula voluntad de negociación, lo que deja muy poco margen de negociación a los afectados. La crisis económica del 2007 dejó en el mercado libre miles de viviendas en manos de entidades financieras que traspasaron sus activos inmobiliarios a los fondos de inversión. Mallorca no ha sido una excepción y, en el caso concreto de Palma, estos fondos controlan miles de viviendas cuyas familias han recibido subidas de alquileres e hipotecas prácticamente imposibles de asumir. Jurídicamente, la solución es muy compleja y los plazos de resolución son tan largos que los afectados optan por buscar nuevas viviendas.

Mano tendida en materia de política de vivienda, pero un tono duro en la crítica a la hora de valorar la actuación del Govern de Francina Armengol en este ámbito. Esta ha sido la tónica de la intervención del presidente del PP balear, Biel Company, este martes, en el Parlament, durante la cual ha ofrecido al Ejecutivo la "colaboración sincera" de su partido para resolver un problema que afecta de manera acuciante a la comunidad autónoma. No obstante, al mismo tiempo, ha recordado que con Armengol al frente de la Administración autonómica, "no se ha construido en Baleares ni una sola vivienda".

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, preguntará este martes en el pleno del Parlament a Armengol sobre su política de vivienda, que a su juicio es "comedia, humo" y que se basa en la promesa de construir 500 pisos públicos cuando la demanda de personas con dificultades de acceder a una vivienda ronda las 16.000. El PP, ha recordado, propone dar facilidades a los promotores para construir, bajar los impuestos y facilitar financiación a quienes tienen más difícil comprar una vivienda.

Los promotores inmobiliarios de Baleares han reaccionado con cautela ante las nuevas medidas aprobadas este viernes por el Govern balear para incrementar el actual parque de viviendas de gestión pública. En declaraciones a mallorcadiario.com, los promotores afirman que este decreto supone la descarga en el sector público del peso de la construcción de viviendas y deja poco margen a la iniciativa privada. Además, plantea serias dudas sobre la viabilidad económica de fijar precios máximos en las viviendas públicas de alquiler y que el retorno de estas viviendas a la administración pública se fije en 50 años. Los promotores apuestan por que este retorno se eleve hasta los 75 años.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan incrementar el parque de vivienda de protección oficial de gestión pública, facilitar la entrada al mercado de viviendas a precios asequibles y también hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad.

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha anunciado que aumentará el número de plazas disponibles en los programas "Housing Led" y "Housing First" de fomento de la inserción social de personas sin hogar por medio del acceso de una vivienda, que en la actualidad suman 50 viviendas.

Més per Mallorca defiende la vigencia de la ley de vivienda aprobada la pasada legislatura, que ha sido calificada de "irrenunciable" por el coordinador de la formación ecosoberanista, Antoni Noguera. Por su parte, en relación a las discrepancias entre los socios del Ejecutivo acerca de las políticas habitacionales, la portavoz del Govern, Pilar Costa, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad", asegurando que las medidas extraordinarias sobre vivienda anunciadas en el trancurso de esta semana contarán con el apoyo y la adhesión de todos los partidos del Pacte.

Hace casi tres años, en marzo de 2017, Biel Company (Sant Joan, 1963) fue elegido presidente del PP de Baleares tras derrotar a José Ramón Bauzá, hoy eurodiputado de Ciudadanos. Antes de su entrada en política, Company presidió la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Baleares. Con posterioridad, entre 2011 y 2015, fue consejero de Agricultura del Govern, paradójicamente con Bauzá como presidente autonómico. En la presente entrevista, Company no rehúye ninguna cuestión, tanto las que afectan a su propio partido como otras relacionadas con el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB), los casos de menores tutelados explotados sexualmente o los altos cargos del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol.