Los promotores dudan de la eficacia de exigir precios máximos en viviendas de alquiler

El presidente de los promotores de Baleares (Proinba), Luís Martín, se ha mostrado muy cauto ante el Decreto Ley aprobado este viernes por el Govern balear, aunque sí ha querido matizar algunos puntos que, a juicio de los promotores, presenta este decreto que pone prácticamente en manos de la administración pública la construcción de viviendas.

En relación con la ampliación del derecho de tanteo y retracto en beneficio de la administración pública ante aquellas viviendas que procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago, los promotores entienden, según Luís Martín, que "a los promotores prácticamente no nos afecta; en todo caso serán los bancos y los fondos buitre los más perjudicados. No obstante, hay que tener en cuenta que para ejecutar este derecho de tanteo y retracto hay que contar con dinero y todos sabemos que en la administración el dinero suele ser escaso. Además, los fondos buitre son especialistas en defender sus inversiones y no extrañaría que buscasen subterfugios".

Una de las medidas que más llama la atención en este Decreto Ley es que establece fórmulas para incentivar a la iniciativa privada en la construcción de viviendas de protección oficial, aunque esta cesión viene condicionada a la fijación de unos precios máximos de alquiler y el retorno a la administración de las viviendas en un plazo máximo de 50 años.

En este punto, los promotores no lo tienen tan claro ya que, tal y como asegura el máximo responsable del sector, "esta medida está muy bien siempre y cuando cuadren los números. Van a poner un precio topado con unos plazos de devolución y aquí nos encontramos con que el promotor financia toda la construcción por lo que si las cuentas no salen para recuperar la inversión, serán pocos los que se presenten a los concursos".

Luís Martín añade que "en cuanto a los 50 años de retorno hay que tener muy en cuenta que se deben fijar un determinado número de años que permitan una cierta rentabilidad de la inversión, por lo que los promotores siempre han apostado por que este plazo de devolución de viviendas públicas a la administración se fijase en 75 años".

VIVIENDAS DOTACIONALES

Otro dato llamativo, a juicio de los promotores, es la construcción de lo que se denomina "viviendas dotacionales", entendidas como alojamientos temporales para situaciones de dificultades para determinados colectivos.

En este sentido, Luís Martín apunta que "supongo que se construirán en solares públicos que están clasificados como dotacionales, es decir, construir estudios para jóvenes y personas mayores. No sabemos muy bien cómo funciona esto, pero entiendo que tanto los jóvenes como los mayores que accedan a este tipo de viviendas estacionales lo que desean es quedarse indefinidamente y no que sea de manera temporal".

Por último, el presidente de los promotores vuelve a insistir en que actualmente el gran problema sigue siendo el retraso en la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos, al tiempo que concluye resaltando que "en líneas generales, este Decreto Ley descarga el peso de la construcción de viviendas en el sector público y no se facilita a la promoción privada entrar en este mercado".