Govern

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, exige respuestas a la expresidenta Francina Armengol sobre la compra de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa del socio del exministro José Luis Ábalos. Se cuestiona quién puso en contacto a la empresa con el Govern y por qué no se reclamó durante tres años. La reclamación efectiva se hizo el 6 de julio de 2023, día de la investidura de la presidenta Prohens en el Parlament. La empresa rechazó la reclamación por extemporánea.

Sesión parlamentaria de control al Govern de puro trámite, con preminencia de los asuntos acostumbrados en los últimos meses: defensa del catalán, libre elección de lengua en la educación, acusaciones de falta de transparencia por la eliminación de la Oficina Anticorrupción, todo ello aderezado con un poco de memoria democrática y una pizca de salud.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, se han reunido con la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia Estarellas, para tratar la construcción de la Escuela de Seguridad Pública en Palma. También se abordó la necesidad de aumentar la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las Islas, a fin de cubrir el défici de alrededor de 800 agentes existente en la actualidad.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern está ultimando un decreto ley de medidas urgentes en materia de Urbanismo, que se espera que sea aprobado en abril. Este será el primer paso para elaborar una nueva ley de Urbanismo de las Islas Baleares para revertir la política urbanística de los gobiernos de Francina Armengol. Se descarta, pues, modificar puntualmente la Ley de 2017 y se opta por redactar una nueva norma para solucionar los problemas generados por los ejecutivos de izquierdas.

La presidenta del Govern y del PP de Balears, Marga Prohens, exige a Vox que cumpla su parte para garantizar la estabilidad en el Parlament. La sesión de control se ha centrado en gran parte en la crisis interna que atraviesa Vox y su impacto en la mayoría parlamentaria del PP. Aunque aún no hay tránsfugas, se espera un informe de los letrados del Parlament sobre el pacto con Vox.

Gabriel Le Senne (Palma, 1977) es presidente del Parlament de les Illes Balears desde el 20 de julio de 2023, cuando fue elegido a propuesta de Vox, con los votos a favor del PP. El pasado lunes, cuando sólo hace seis meses del inicio de la XI Legislatura, fue expulsado del Grupo Parlamentario Vox, junto a la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, por los cinco diputados restantes del Grupo: Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Agustín Buades, Manuela Cañadas y María José Verdú. Este miércoles se reúne la Mesa para tomar una decisión, pero el todavía presidente anuncia que solicitará un informe a los letrados de la Cámara, pues considera que su expulsión es ilegal. La dirección nacional de Vox, por su parte, ha anunciado la "expulsión cautelar inmediata" del partido de los cinco díscolos a quienes no duda en calificar de "traidores".

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro (Valencia,1965), fue director general de Asima durante 21 años. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Nos recibe en su despacho para responder a las preguntas de mallorcadiario.com sobre las ayudas a las empresas por la pandemia, la simplificación administrativa, el empleo, la formación, el coche eléctrico y el autoconsumo energético en Baleares, entre otros asuntos.

El Govern está preocupado por los efectos que pueda tener la sentencia del Tribunal Supremo que deja la puerta abierta a la llegada de vehículos de turismo con conductor (VTC) de otras comunidades autónomas. Por ello, reclama al Gobierno central medidas "urgentes" para evitar un empeoramiento de la congestión que sufre el tráfico de las Islas durante la temporada alta.

La petición de Sumar para que Hacienda apruebe un impuesto sobre las herencias que anule la bonificación al Impuesto de Sucesiones que aplican las comunidades autónomas gobernadas por el PP ha tenido una respuesta contundente por parte de Prohens en las redes sociales. La presidenta acusa al Gobierno de atacar la autonomía de las comunidades, a las familias y las clases medias con su "centralismo jacobino".

El Govern balear ha reducido la deuda pública en casi 300 millones de euros en un año, cerrando el año 2023 con una deuda de 8.578 millones de euros, según el conseller de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Toni Costa. El Gobierno está satisfecho con esta rebaja significativa.

En las elecciones autonómicas de 2023, el Partido Popular de Baleares liderado por Marga Prohens obtuvo la victoria, recuperando la hegemonía del PP en las Islas Baleares. Aunque no logró la mayoría absoluta, Prohens negoció la investidura con Vox y se convirtió en presidenta del Parlament. El Gobierno del PP enfrenta desafíos y obstáculos, con un Gobierno central presidido por Pedro Sánchez (PSOE) dispuesto a ejercer de oposición a las comunidades gobernadas por el PP. Además, Vox ha demostrado ser un foco de inestabilidad para el Ejecutivo balear y parece sentirse cómodo en ese papel.

El portavoz del Govern ha rechazado la oferta de negociar las cuentas para 2024 hecha por los partidos de la oposición en el Parlament, ya que, según ha subrayado con vehemencia, "nuestro socio es Vox y es con ellos con quien negociamos los Presupuestos". Ha negado además que la formación de Abascal le haya pedido entrar en Govern a cambio de su apoyo y ha calificado la oferta de PSIB, Més y Podem de "oportunista".

El Govern destinará más de 130 millones de euros del factor de insularidad, el Impuesto de Turismo Sostenible, el canon de saneamiento y los Presupuestos Generales del Estado al ciclo del agua en Baleares en 2024. Además, se sumarán otros 60 millones para mantenimiento y modernización de infraestructuras, lo que totaliza una inversión histórica de 200 millones de euros en un año.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado a la Comunidad Autónoma a indemnizar con 1,2 millones a tres promotoras afectadas por la desclasificación de Es Vilà (Pollença, Mallorca) de la Ley 4/2008, bajo el gobierno de Francesc Antich. Las empresas eran titulares de 21.476 metros cuadrados de terrenos y reclamaban más de 13 millones de euros al Govern, pero el Tribunal ha estimado sólo en parte su recurso contencioso administrativo, rechazando el grueso de sus argumentos.

El Govern ha pedido por carta al nuevo Gobierno que atienda las particularidades de Baleares en cuestiones como energía, industria y mercado laboral y ha pedido que apoye con la "máxima protección al contrato fijo discontinuo, que afecta a 185.000 personas en las islas".

El desarrollo de un programa de prevención de riesgos emocionales impulsado por el Govern y por la Universidad de Jaén ha concluido que un 16,2 por cien de los estudiantes de Secundaria que participaron en el mismo presenta trastornos de salud mental.

José Francisco Reynés Sancho es arquitecto. Funcionario de la Comunidad Autónoma de Baleares desde 2003, ha sido jefe de servicio de proyectos estratégicos de la oficina de Inversiones Estratégicas de Baleares OIE, arquitecto del INESTUR y la Agencia Tributaria de Baleares, y ha ostentado distintas responsabilidades en las direcciones generales de Ordenación del Territorio y de Coordinación del Govern. Actualmente es director general de Vivienda y Arquitectura del Govern balear.

El portavoz del Govern ha expresado su respeto a las decisiones judiciales y la presunción de inocencia en relación a la condena del exjuez Penalva y del exfiscal Subirán. También ha mencionado la importancia de respetar la presunción de inocencia en casos anteriores donde personas inocentes fueron difamadas por algunos medios de comunicación.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha anunciado este miércoles, durante una comparecencia en el Parlament, que el ramo que dirige contempla una línea de subvención destinada a los agentes sociales para crear las Oficias de Medición de Cargas de Trabajo en Hostelería.

El Govern ha condenado cualquier ataque o amenaza a partidos políticos, periodistas, sindicatos o personas, pero el PSOE cree que lo hace "con la boca pequeña". El acuerdo entre PSOE y Junts y las protestas consiguientes han centrado buena parte del debate en la sesión parlamentaria de control al Govern.