Las empresas deberán implantar un registro horario conectado con Inspección de Trabajo

El proyecto de ley que propone la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la jornada laboral y el registro de la misma y que pretende reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, ha generado diversas reacciones en el ámbito empresarial. Una de las medidas recientemente analizada por mallorcadiario.com es la implementación obligatoria de un registro electrónico de jornada, interconectado con la Inspección de Trabajo.

Aunque el anteproyecto debe seguir su curso parlamentario y aunque se desconoce si es probable que se establezca un periodo de adaptación para las empresas, las pequeñas y medianas empresas de la patronal de Mallorca (PIMEM), han alzado la voz de nuevo para mostrar su preocupación e inquietud antes esta medida que parece haber pasado desapercibida.

Dado que el protagonismo del anteproyecto de ley se lo ha llevado la reducción de la jornada laboral, la implementación de un registro electrónico de jornada e interconectada con Inspección de Trabajo, no ha generado tanto impacto mediático. Pero según Jordi Mora, presidente de PIMEM, esta medida sumada a la reducción de jornada podría suponer una sobrecarga administrativa y económica “imposible de asumir para las pymes a corto o medio plazo”. Además de la posible resistencia de algunos trabajadores “a utilizar sistemas de fichaje”.

Mora ha criticado “la ausencia de información detallada” por parte de la Administración sobre la implementación del nuevo sistema y los plazos previstos. Ha asegurado que las pymes” suelen ser las últimas en enterarse de estos cambios”, lo que refleja “una falta de consideración en el diálogo social a nivel nacional”. A pesar de las promesas de inclusión por parte del Ministerio de Trabajo, las micro y pequeñas empresas “continúan sintiéndose marginadas en las decisiones que las afectan directamente”.

COSTES, CONTROL Y PROTECCIÓN DE DATOS

La adopción de este supuesto nuevo sistema digital interconectado implica que las empresas, sobre todo las pequeñas, deberán invertir en software, formación y adaptación de procesos, mientras asumen la reducción de una jornada laboral a 37,5 horas. “Para una pyme y un autónomo representan un desafío considerable”. Según Jordi Mora este tipo de medidas puede obligar a las empresas “a externalizar servicios, incrementando una vez más sus gastos operativos”.

Aunque PIMEM comparte el objetivo de combatir el fraude laboral, Mora enfatiza la necesidad de “equilibrar el control con la realidad operativa de las empresas”. Un sistema demasiado rígido o complejo podría convertirse en “una barrera burocrática, en lugar de una herramienta efectiva para mejorar la gestión laboral”.

La gestión de datos sensibles y la seguridad de la información son temas que inquietan a las empresas asociadas. Muchas pymes carecen de equipos especializados en protección de datos, lo que genera dudas sobre “cómo se garantizará la confidencialidad de la información compartida con la Administración” explica el presidente de PIMEM.

Ante este panorama, PIMEM propone la introducción de criterios de proporcionalidad que permitan opciones más sencillas para micropymes y autónomos, evitando inversiones desproporcionadas. Además, sugieren la implementación de subvenciones o incentivos para facilitar la digitalización, así como una fase de implantación progresiva que permita a las empresas adaptarse sin riesgo de sanciones inmediatas.