Plenamente alineado con el resto de comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP (Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, La Rioja, Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla), el Ejecutivo balear abandonó este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), algo que la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero calificó de "deslealtad inédita y dejación de funciones". Únicamente se mantuvieron en la sala los responsables de Hacienda de Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, los tres del PSOE.
La salida de la reunión de los consejeros del PP, que el ministerio de Hacienda no ha dudado en calificar de 'boicot', no ha impedido que el CPFF haya aprobado la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una "medida histórica que ha contado con el aval de la mayoría del foro", presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
RECHAZO DEL PP
Desde el PP se ha considerado que la propuesta del Gobierno central beneficia de manera desigual a las comunidades autónomas, favoreciendo especialmente a aquellas en las que gobierna el PSOE y muy especialmente a Catalunya o partidos independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el principal promotor de la medida, exigida como contraprestación a su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.
El Govern balear ha insistido en que no aceptará una quita de deuda que no haya sido previamente negociada con todas las comunidades autónomas de manera equitativa. "No aceptamos esta propuesta impuesta desde La Moncloa sin margen de maniobra. Baleares no está para aceptar unas condiciones que no han sido consensuadas y que pueden hipotecar su futuro económico", declaró Costa.
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, afirmó tras abandonar el encuentro: "Ninguneos, no. No podemos aceptar este ninguneo constante del Gobierno de España hacia los representantes legítimos de los ciudadanos de Baleares. No se puede pretender que el lunes se nos envíe una propuesta cerrada, un plato de lentejas, y dos días después se vota. ¿Qué es lo que hay que votar? El plato ya está cocinado y se ha cocinado en La Moncloa con Esquerra Republicana de Catalunya. Se trata de una decisión en la que no se nos ha pedido opinión".
1.741 MILLONES
La condonación de deuda que ofrece el Gobierno a Baleares es de 1.741 millones de euros, de los casi 9.000 millones de deuda que actualmente tiene la Comunidad Autónoma, Desde el Govern se insiste en que la clave para la estabilidad económica de Baleares pasa por un nuevo modelo de financiación autonómica que contemple la insularidad y el elevado coste de vida en las islas. "No se trata solo de una condonación puntual, sino de un modelo que asegure recursos adecuados para nuestras necesidades", argumentó Costa.
A nivel nacional, la quita aprobada por el Gobierno sería de 83.252 millones, de los cuales 17.104 son para Cataluña, según anunció el presidente de ERC, Oriol Junqueras, antes incluso de que el Gobierno de España explicase sus intenciones. Este hecho dejó en evidencia que únicamente se negoció la quita con ERC y al resto de comunidades autónomas se le ofreció "un plato de lentejas". La vicepresidenta Montero llegó al punto de decir, entre risas, que no era obligatorio y que quien no estuviera de acuerdo con la condonación de deuda ofrecida por el Gobierno, podía rechazarla.
CRÍTICAS AL GOVERN
El rechazo del Govern balear ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Desde el PSOE de Baleares han acusado a Prohens de anteponer los intereses del PP a los de los ciudadanos de las islas, privando a la comunidad de un alivio financiero inmediato. "Es inaceptable que Baleares rechace una condonación de deuda que beneficiaría a todos los ciudadanos. Esto responde más a una estrategia política que a una verdadera defensa de los intereses de nuestra comunidad", afirmó el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela.
Por su parte, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos han criticado duramente la postura del Ejecutivo autonómico, calificándola de "irresponsable" y de "sumisión a la estrategia nacional del PP". "El Govern está rechazando 1.700 millones de euros que podrían haberse destinado a sanidad, educación o infraestructuras. Es un insulto a los ciudadanos de Baleares", afirmó Lluís Apesteguia, portavoz de Més.
Sin embargo, Apesteguia criticó que la ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE de Andalucía y virtual futura candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, condone el 47,16 por ciento de la deuda andaluza y sólo el 20,1 por ciento de la deuda de Baleares.
En el ámbito empresarial y económico, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha mostrado su preocupación por el rechazo de la quita de deuda, advirtiendo que la carga financiera sigue siendo un obstáculo para el crecimiento económico de las islas. "Entendemos las preocupaciones políticas, pero no podemos ignorar que una reducción de la deuda hubiera dado un respiro a la economía balear", señaló Carmen Planas, presidenta de CAEB.
CESIÓN AL INDEPENDENTISMO
El rechazo del Govern balear a la condonación de deuda se enmarca en una estrategia más amplia del PP a nivel nacional. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la condonación de deuda como una herramienta de negociación política con los partidos independentistas, especialmente con ERC, para asegurar su estabilidad en el Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la medida argumentando que busca corregir desequilibrios financieros entre comunidades y aliviar la carga de aquellas con mayor endeudamiento. "No estamos beneficiando a unas comunidades sobre otras, sino aplicando una medida justa para mejorar la sostenibilidad financiera de todas ellas", declaró Montero tras la reunión del CPFF.
Sin embargo, desde el PP insisten en que cualquier modificación del sistema de financiación autonómica debe hacerse con consenso y no mediante acuerdos bilaterales con partidos que forman parte del bloque de investidura de Sánchez. En este sentido, las comunidades populares han exigido una negociación que incluya a todas las autonomías y no únicamente a aquellas con gobiernos afines al Ejecutivo central.
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