deuda publica

La quita de la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), supone 83.252 millones de euros. A Baleares, con una deuda pública que se aproxima a 9.000 millones, la quita asciende a 1.741 millones de euros. ¿Quién puede oponerse a una medida así? Lo hacen las 14 comunidades autónomas y ciudades autónomas gobernadas por el PP, frente a las tres autonomías del régimen general gobernadas por el PSOE. Y lo hacen porque la medida únicamente fue negociada con Esquerra Republicana, cuyo presidente, el delincuente amnistiado Oriol Junqueras, anunció la condonación de más de 17.000 millones de euros antes incluso que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Govern balear, presidido por Marga Prohens (PP), rechaza de plano la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar) de condonar 1.741 millones de euros de la deuda autonómica de las Islas Baleares. La medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, y únicamente negociada con ERC, ha sido tildada de "un plato de lentejas" por el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en declaraciones a mallorcadiario.com, en referencia a que la propuesta no dejaba margen de negociación.

Durante la reunión del CPFF, los doce consejeros de Hacienda del PP, incluído el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, han abandonado la sala en desacuerdo con la propuesta del Gobierno de condonar 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Consideran que se trata de una "trampa" que favorece a comunidades endeudadas y se opusieron a ser cómplices del independentismo.

El Govern balear ha reducido la deuda pública en casi 300 millones de euros en un año, cerrando el año 2023 con una deuda de 8.578 millones de euros, según el conseller de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Toni Costa. El Gobierno está satisfecho con esta rebaja significativa.

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha criticado la negligente gestión económica de la izquierda ante la previsión del aumento de la deuda.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comunicado al Ayuntamiento de Palma que se halla ya fuera del Plan de Ajuste que desde 2012 obligaba al Consistorio a rendir cuentas de forma permanente ante el Estado.

La deuda pública de Baleares se ha elevado en el tercer trimestre de 2021 a 9.378 millones de euros, un nuevo máximo tras la cifra alcanzada en el segundo trimestre, de 9.359 millones, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

El incumplimiento de las normas comunitarias sobre déficit estructural y deuda pública es el principal reproche que la Comisión Europea ha realizado al Gobierno español en relación al borrador de la prórroga presupuestaria de 2020

La deuda pública de Baleares ha alcanzado en el segundo trimestre de 2019 un total de 9.364 millones de euros, 101 millones más que en el primer trimestre, y el equivalente al 29,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cifra superior a la media de las comunidades autónomas, que llegó al 24,6 por ciento, según los últimos datos publicados hoy por el Banco de España. Los mismos datos revelan en términos de PIB, la deuda de Baleares ha aumentado 0,1 puntos en comparación con el primer trimestre y 0,3 puntos en relación con el segundo trimestre del año pasado.

La deuda pública de Baleares ha alcanzado al cierre de 2018 los 8.706 millones de euros, lo que supone el 28 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y estar varios puntos por encima de la media de las comunidades autónomas, que alcanzó el 24,3 por ciento, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

La deuda pública de Balears se situó en los 8.960 millones de euros en el segundo trimestre de 2018, el 29,4 por cien del PIB, lo que supone una rebaja de un punto respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por el Banco de España de todas las comunidades autónomas.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicado este martes una vez más la condonación de la deuda pública de Baleares por parte del Estado, así como una financiación autonómica "justa" para la comunidad autónoma.