Urbanismo

La Asociación Balear del Árbol ha denunciado este martes la tala de los pinos carrascos situados en la terminal de llegadas del aeropuerto de Palma, donde se prevé la construcción de una nueva parada de autobús. La organización lamenta que, pese a la modernización de las infraestructuras, este tipo de cambios supongan la eliminación de ejemplares arbóreos consolidados.

El nuevo presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Oscar Carreras, ha estrenado su mandato con una rueda de prensa, en la que ha comentado la visión y las perspectivas de la organización de cara al futuro del sector. “Hay solución al problema de la vivienda, creemos que con una serie de propuestas la inercia puede cambiar”.

Las obras ilegales en Son Banya han puesto en alerta al Ayuntamiento de Palma, que admite las dificultades para detectar y frenar este tipo de actuaciones. Muchas de estas construcciones se llevan a cabo de madrugada, lo que complica la identificación de los responsables. A pesar de ello, el consistorio insiste en su compromiso por restituir la legalidad urbanística en la zona.

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado nuevamente este jueves el procedimiento extraordinario para la legalización de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico fuera de ordenación cuya infracción haya prescrito. Esta decisión se adopta tras la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa de las administraciones públicas de las Islas Baleares, aprobada por el Parlament balear.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado el borrador definitivo del proyecto de remodelación y mejora de la accesibilidad de la plaza del Mercat, que deja finalmente en el mismo sitio el monumento de Antoni Maura y el Alaska.

El Govern ha aprobado dos decretos ley: uno revierte 34 enmiendas de Vox por un error en la votación, y el otro prohíbe la construcción en zonas inundables. Toni Costa ha destacado que los dos textos buscan corregir una votación errónea y proteger a los ciudadanos tras la reciente catástrofe en Valencia.

El Parlament ha aprobado la Ley de Simplificación Administrativa, que permite construir en zonas de riesgo y legalizar edificaciones ilegales en suelo rústico que ya están prescritas y contra las que no se puede actuar. Sin embargo, el Govern ha anunciado que rectificará la norma aprobada este martes mediante un nuevo decreto ley que prohíba nuevas construcciones en áreas inundables.

El pasado 29 de octubre, la Comunidad Valenciana se vio azotada por una DANA que provocó lluvias torrenciales, alcanzando cifras alarmantes de hasta 500 litros por metro cuadrado en algunas localidades. Esta catástrofe natural ha tenido consecuencias devastadores, con la pérdida de 222 vidas y dejando a 39 personas desaparecidas.

Este martes, en el Parlament, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), junto con los portavoces de la oposición, han reiterado su disposición para dialogar y buscar un consenso sobre la prohibición de edificar en áreas propensas a inundaciones en Baleares. No obstante, durante el pleno, han puesto de manifiesto sus discrepancias.

El Ayuntamiento de Palma invertirá 1,5 millones de euros en obras previas para dotar de servicios los terrenos del nuevo instituto en Son Ferriol. Las acciones incluyen la creación de una red viaria, acceso con carril bici y la instalación de agua potable y alumbrado público en 19.400 metros cuadrados.

La adquisición de la finca de Son Quint, por un valor de 1,5 millones de euros, ha sido aprobada por el Ayuntamiento de Palma. Esta finca formará parte de un proyecto de bosque metropolitano.

El Consell de Govern aprobará este viernes un decreto ley que permitirá regularizar construcciones ilegales en suelo rústico cuya infracción haya prescrito. Según los datos a los que ha tenido acceso mallorcadiario.com, los propietarios deberán pagar una sanción entre el 10 y el 15 por ciento del valor de la obra, dependiendo del año en que se inicie la regularización de los tres que contemplará el decreto. No se permitirá el uso turístico de estas construcciones y se deberán cumplir todos los requisitos ambientales y energéticos. La legalización de estas construcciones generará ingresos para los ayuntamientos. El decreto también incluye otras medidas, como la reforma de la Comisión de Medio Ambiente de Baleares.

Ciudadanos y profesionales disponen ya del nuevo visor urbanístico de Palma, que ofrece información detallada sobre la normativa vigente en cada uno de los puntos que se quiera consultar de la ciudad. Para el teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda de Cort, Óscar Fidalgo, la nueva herramienta representa un "salto cualitativo para conocer las circunstancias urbanísticas de la ciudad, en un momento especialmente convulso por la convivencia de muchas normas" al mismo tiempo sobre la materia.

El decreto ley de simplificación administrativa incluirá una "amnistía urbanística" para regularizar edificaciones en suelo rústico, que hubieran sido construidas antes de 1991 y, por tanto, que estén prescritas, lo que impide sancionar y derribar. Esta medida permitirá legalizar construcciones fuera de ordenación y supondrá una fuente de ingresos para los ayuntamientos. Además, el decreto ley también reformará el funcionamiento de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares.

El vicepresidente del Govern de Baleares, Antoni Costa, ha responsabilizado a los gobiernos socialistas de las indemnizaciones millonarias, hasta ahora 400 millones de euros, que se han tenido que pagar por las desclasificaciones de la Ley Carbonero de 2008. Costa calificó la última sentencia de 96 millones como un "mazazo sin precedentes" para las arcas públicas y anunció que se tendrá que aumentar la deuda pública para hacer frente a los pagos, aunque garantizó que no habrá recortes en los servicios públicos.

Cort ha autorizado ya 13 cambios de uso de locales en viviendas en la ciudad. Se trata de las primeras aplicaciones prácticas de la normativa que aprobó a finales de noviembre y que dota de más parque de vivienda a un mercado muy tensionado por la reducción de la oferta y los elevados precios.

El decreto de Simplificación Administrativa, que prepara el Govern balear, permitirá externalizar los trámites de licencias urbanísticas a entidades homologadas.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern está ultimando un decreto ley de medidas urgentes en materia de Urbanismo, que se espera que sea aprobado en abril. Este será el primer paso para elaborar una nueva ley de Urbanismo de las Islas Baleares para revertir la política urbanística de los gobiernos de Francina Armengol. Se descarta, pues, modificar puntualmente la Ley de 2017 y se opta por redactar una nueva norma para solucionar los problemas generados por los ejecutivos de izquierdas.

El Ayuntamiento de Palma dispone ya de las primeras líneas del proyecto de reforma de la Plaça del Mercat, que en todo caso mantendrá el bar Alaska tal y como está en estos momentos, aunque con algún añadido en su parte posterior, y dará más importancia tanto a la estatua de Antoni Maura como al gran ficus, así como a la accesibilidad a ese espacio. Los residentes podrán seguir accediendo a la plaza, aunque podrían perderse algunas plazas de aparcamiento, si bien estas cuestiones están pendientes de otro área de Cort. En todo caso, el consistorio espera poder tener listo el proyecto básico dentro de este mismo 2024.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sancionado con 312.734 euros a un propietario por realizar sin los permisos pertinentes la reforma integral de su casa en suelo rústico y convertir el garaje en una vivienda.