El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la Ley de eficiencia del servicio público de justicia supondrá una transformación clave para la administración judicial en España, haciéndola más ágil, flexible, digital y cercana. Así lo ha confirmado en la clausura de las XX Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, celebradas en Palma.
Bolaños ha explicado que la nueva ley es una pieza clave en la modernización de la Justicia, “el sistema era ineficiente y necesitaba reformarse”. Al tiempo que ha garantizado “la inversión necesaria para su implementación”. Entre los aspectos más innovadores, se encuentra la creación de tribunales de instancia, una medida que permitirá reasignar jueces sin necesidad de crear nuevas unidades judiciales, lo que “supondrá un importante ahorro económico”.
Según ha afirmado el ministro, mientras que la creación de una unidad judicial tiene un coste de casi medio millón de euros, con la misma cantidad se pueden asignar “entre cinco y seis jueces” a estas nuevas secciones, agilizando los procedimientos judiciales.
Además, el ministro ha valorado que esta reforma supondrá “la reducción de la congestión y el aumento del ritmo de ejecución”. Para Bolaños serán algunos de los logros de esta reforma, que responde a la necesidad de “adaptar la Justicia a las exigencias de la sociedad del siglo XXI”.

MÁS JUECES Y DIGITALIZACIÓN
En su intervención, Bolaños ha anunciado también una ampliación significativa del número de jueces y magistrados en España, en cumplimiento con las recomendaciones europeas, aunque ha recordado que una mejora del sistema “no solo pasa por la creación de más plazas”. La medida incluirá tanto el turno libre como la reorganización de jueces sustitutos.
La reforma también contempla una modernización del acceso a la carrera judicial, revisando el modelo de oposiciones vigente desde 1902. “Se plantea la introducción de una prueba escrita que permita valorar el razonamiento jurídico de los aspirantes, combinada con un caso práctico que evalúe sus capacidades de resolución”.
Otro de los ejes fundamentales de la reforma es la digitalización de la Justicia, facilitada por la llegada de fondos europeos. Según ha asegurado el ministro, “ya se han repartido los recursos a las comunidades autónomas con competencia en Justicia para modernizar las infraestructuras y mejorar la eficiencia de los trámites judiciales”. Un reparto económico que por el momento no afecta a Baleares ya que las competencias se encuentran en manos del Gobierno central.
Bolaños ha puesto como ejemplo la implementación de la ley en un juzgado de Badajoz, donde la reducción de la congestión ha superado el 40 por ciento, y las ejecuciones han aumentado en un 70 por ciento, gracias a la digitalización y la reorganización de recursos.

UN PLAN A LARGO PLAZO
El ministro también ha avanzado que en 2025 se impulsará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la carrera fiscal y judicial, además de la esperada modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Estas reformas buscan consolidar un modelo judicial más eficiente y adecuado a las necesidades del siglo XXI”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez, ha solicitado al ministro “un plan sostenido de oposiciones en la próxima década para aliviar las cargas de trabajo y mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial”.
