La quita de la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), supone 83.252 millones de euros. A Baleares, con una deuda pública que se aproxima a 9.000 millones, la quita asciende a 1.741 millones de euros. ¿Quién puede oponerse a una medida así? Lo hacen las 14 comunidades autónomas y ciudades autónomas gobernadas por el PP, frente a las tres autonomías del régimen general gobernadas por el PSOE. Y lo hacen porque la medida únicamente fue negociada con Esquerra Republicana, cuyo presidente, el delincuente amnistiado Oriol Junqueras, anunció la condonación de más de 17.000 millones de euros antes incluso que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
¿Puede una autonomía aceptar un acuerdo que ningún representante de ese gobierno ha pactado o negociado, sino que lo ha hecho otro gobierno autonómico? No, no puede. Por beneficioso que sea el acuerdo, algo discutible, nadie que defienda su autonomía fiscal y sus competencias, puede aceptar ser ninguneado de esa forma. Y mucho menos para blanquear el contraprecio que paga el Gobierno de Pedro Sánchez al separatismo, para compensar su voto favorable en la investidura. Que Montero haga lo que quiera, pero con el PP que no cuente.
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