Terrazas vacías. Este es el resultado del Decreto aprobado por el Ayuntamiento de Palma en el que obliga a que las terrazas de los restaurantes de La Lonja cierren a las 23 horas todos los días de la semana. Por ello los restauradores de la zona siguen en pie de guerra y aseguran que no llenan "ni una tercera parte de las mesas disponibles" mientras ven peligrar sus negocios. Los hosteleros han querido documentar que las terrazas están más vacías que nunca y que las cajas que recaudan no son las de una temporada turística.
Desde la asociación de Restauración Mallorca aseguran que las consecuencias de la publicación del Decreto están siendo nefastas y que aún esperan la cita que el alcalde les prometió para buscar una solución para el sector. "Hay clientes, algunos vecinos de toda la vida, que han manifestado su honesto deseo de decantarse por elegir otras zonas de Palma donde poder cenar de forma tranquila, sin la necesidad de recibir presiones para cenar rápidamente a efectos de abandonar la mesa máximo a las 22.30 horas", afirma Alfonso Robledo, presidente de Restauración Mallorca.
"No podemos más con esta situación gravísima. El Ayuntamiento no es consciente de que este Decreto es un acoso y persecución al pequeño empresario, a nuestros trabajadores (que deberemos reducir), pero también a los proveedores y a toda la zona en general, nos están hundiendo sin motivo ni compasión", advierte uno de los empresarios afectados.
La asociación reitera su cumplimiento con la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, pero consideran que es "incomprensible" que mediante Decreto se les tenga que restringir el horario sin un fundamento jurídico que lo justifique.
La Asociación hace ya más de un mes presentó un recurso al Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el decreto de Cort, donde señalan que no se han seguido los trámites establecidos en la Ley de Administraciones Públicas, entre ellos la obligatoriedad de un informe previo por parte de la Policía Local. El recurso añade que no existe ninguna denuncia por ruidos u otras irregularidades que puedan haber perturbado la salud pública vecinal. En su recurso, y para evitar el cierre de locales y el despido de más de 70 trabajadores, Restauració solicita medidas cautelares para evitar la demora que suele conllevar un contencioso-administrativo.