Fue el Parlament el que aprobó a finales de 2015 una iniciativa por la que se obligaba al Govern a elaborar un informe que determinase cómo poner un tope a este tipo de vehículos. Salió adelante con los votos de PSOE, Més y Podem, y fue votada en contra por el PP.
Pues bien, la conselleria explica ahora a mallorcadiario.com que hasta después de esta temporada, no se conocerá le veredicto. Será una empresa externa la que estudie toda la oferta, su comportamiento y sus consecuencias. Y la clave: si es viable, jurídicamente, limitar el número de estos vehículos teniendo en cuenta los condicionantes medioambientales, de territorio y recursos naturales. "Lo que no podemos hacer es una normativa y que luego venga la Unión Europea y nos la tumbe", afirma a este digital la directora general de Turisme, Pilar Carbonell.
"La idea es conseguir una foto fija del sector a lo largo de todo el verano, en las cuatro islas, y después decidir qué hacemos".
Por otro lado, desde Turisme hacen hincapié en el seguimiento del censo de la flota. "Haremos ese tipo de inspecciones a todas las empresas", dice Carbonell, "y a las primeras a las que vamos a ir, son a las que no colaboran", advierte.
La ley estipula que cualquier modificación de los datos de la declaración de inicio de actividad tiene que ser comunicada a la Administración, y en este caso, toda modificación de flota tiene que ser trasladada a la conselleria. "Sea al alza o a la baja nos lo tienen que decir, porque no es realista pensar que en enero tenemos 43.000 coches de alquiler y en agosto, 47.000".