precio de la vivienda

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda tras una larga negociación, según han indicado estas dos formaciones que comparecerán hoy en el Congreso.

Podemos abogará por conceder a los Gobiernos de Canarias y Baleares una "excepción insular" que les permita limitar la compra de viviendas por parte ciudadanos extranjeros en su territorio, en especial en aquellas zonas donde el mercado inmobiliario está más tensionado.

El secretario general de Més per Mallorca y candidato a la presidencia del Consell, Jaume Alzamora, acompañado del diputado Joan Mas 'Collet', ha presentado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) que la formación ecosoberanista ha registrado en el Parlament para reprobar a los diputados del PSIB-PSOE en el Congreso, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz. Ambos representantes socialistas votaron el pasado martes en contra de limitar el precio de los alquileres en Baleares.

Los precios de la vivienda han aumentado un 5,9 por ciento en Baleares en un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al cuarto trimestre de 2022, que sitúan al archipiélago como la Comunidad con el índice de precios más alto en términos absolutos.

Prohibir la adquisición de vivienda a no residentes en Baleares, como planteó el Govern, es directamente contrario al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que esta medida sería considerada como discriminatoria de forma directa al beneficiar a los ciudadanos españoles y perjudicar a los de otros estados miembros.

Ayer dijeron que no. Hoy dicen que sí. El PSIB ha anunciado que votará finalmente a favor de la iniciativa de Podemos de restringir la compra de vivienda a no residentes -básicamente, extranjeros- tras pactar una enmienda que busca dar "encaje" en la normativa estatal y europea. Ambos saben que es inviable a día de hoy, pero quedan 97 días para elecciones.

El portavoz adjunto de Més per Mallorca, Josep Ferrà, ha apoyado este lunes la propuesta prohibir la compra de vivienda a no residentes recogida en la Proposición No de Ley sobre vivienda que defenderá Unidas Podemos en el pleno del Parlament de este martes, al indicar que están "absolutamente de acuerdo" en limitar, "o incluso prohibir" la compra de vivienda a no residentes en Baleares.

El Gobierno ha respondido a una batería de preguntas planteadas por las diputadas de Unidas Podemos por Baleares Antònia Jover y Lucía Muñoz sobre la posibilidad de regular la compraventa de vivienda a no residentes en las islas. El Ejecutivol ha remarcado que cualquier restricción de esta naturaleza "deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria", y ciñéndolo siempre a "razones de orden público o de seguridad pública".

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha apoyado, este miércoles, la iniciativa de Unidas Podemos en Baleares para que se restrinja la compra de viviendas a no residentes en las islas. A través de redes sociales, la también secretaria general de Podemos ha subrayado que los "altos precios de la vivienda" en el archipiélago generan "problemas muy graves a la ciudadanía".

El mercado de la vivienda de lujo sigue manteniendo el pulso a pesar las perspectivas macroeconómicas, la subida de los tipos de interés y la práctica desaparición de la clientela rusa, gracias a una demanda extranjera que sigue viendo a España como uno de los países más atractivos para invertir.

Los promotores inmobiliarios de Baleares son tajantes: En 2023 seguirá aumentando el precio de la vivienda y los únicos inmuebles VPO que se podrán construir lo harán en el escaso suelo urbano residual disponible. Los promotores advierten que aunque el Govern no puede limitar la compra de viviendas a extranjeros "el efecto propagandístico que está generando hace que se esté frenando la demanda".

La demanda de vivienda en Baleares por parte de ciudadanos residentes en países extranjeros está registrando una brusca curva descendente desde el tercer trimestre del pasado año. Este dato contrasta poderosamente con la evolución al alza que este segmento del mercado inmobiliario está registrando en otros territorios. El debate suscitado en las islas sobre la limitación de la venta de propiedades a este colectivo de compradores ha irrumpido de lleno en los territorios de origen de estos potenciales adquirientes, trasladando el mensaje de que en el archipiélago están dejando de ser bienvenidos.

Mes per Mallorca acusó este martes al Partido Popular (PP) de Baleares de "facilitar la especulación inmobiliaria a los extranjeros" por su postura contraria a limitar la venta de viviendas a no residentes en la isla.

El coordinador de Més per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, ha recomendado este miércoles al vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, que ponga en marcha "trabajo interno en su partido". Este es el consejo de Apesteguia después de que el número 2 del Govern y dirigente de Podemos en Baleares haya defendido la necesidad de "presionar" al Estado para limitar la compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros.

Desde el pasado domingo 1 de enero, los extranjeros no pueden comprar inmuebles en Canadá. La nueva media aprobada por el Gobierno de Justin Trudeau pretende poner freno a la escalada de precios. Y es que en apenas dos años, los precios de las casas han aumentado un 44 por ciento.

España, y muy especialmente Baleares, sigue ganando peso como destino de segunda residencia para los extranjeros. De julio a septiembre de 2022, el número de compraventas por parte de las nacionalidades que tradicionalmente buscan una segunda vivienda en nuestro país ha sido un 22,5 por ciento mayor que el del mismo período de 2021.

En Baleares, los no residentes -más del 97 por ciento extranjeros y solo un 2,4 por cien de españoles- compraron en el segundo trimestre de este año el 27,91 por ciento de las viviendas que se vendieron, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bajo esa premisa, el Govern tira adelante con su plan de limitar la compraventa a personas que no vivan en las islas un mínimo de cinco años antes de la adquisición.

Ninguna Comunidad Autónoma seguirá, al menos de momento, la idea de Baleares en cuanto a limitar la compra de viviendas a los no residentes para paliar la carestía y falta de alojamiento.