Penalva y Subirán declaran ante el TSJIB por detención ilegal y filtraciones

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán declaran este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como investigados. El juez Carlos Gómez les interrogará en base a los presuntos delitos de detención ilegal y revelación de secretos durante la instrucción del Caso Cursach y el Caso IME.

Uno de los abogados personados en la causa, Vicente 'Coco' Campaner, ha sido recibido con aplausos y vítores por parte de un grupo de policías locales imputados y/o detenidos en la causa.

El TSJB asumió el caso el pasado 17 de enero después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, elevase la causa debido al aforamiento de ambos. En el escrito de Abrines se advertían indicios de prácticas delictivas cuando Penalva ejercía de instructor y Subirán de fiscal anticorrupción en la macrocausa de supuesta corrupción policial en Palma, que terminó siendo dividivida en distantas piezas, entre ellas, el Caso IME y el Caso Cursach.

Los whatsapp de Penalva, Subirán y Blanqueo

Las conversaciones que desnudaron su proceder

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Todo ello, en base a informes policiales y las conversaciones de whatsapp entre juez, fiscal y los entonces componentes del Grupo de Blanqueo de la Policía. Cabe recordar que éstos últimos ya declararon en calidad de investigados pero en el juzgado de instrucción, ya que no son aforados.

Precisamente las detenciones ilegales se habrían cometido en el marco del caso IME en el año 2017, cuando ambos habrían retrasado "de manera deliberada e injustificada" algunas testificales, entre ellas, las del empresario Antoni Roig.

ABRINES DESCARTÓ LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y COACCIONES A TESTIGOS

Penalva y Subirán deben dar cuenta de ambos presuntos delitos, después de que Abrines ya descartase otros que algunas defensas les imputaban, como organización criminal o coacciones a testigos.

La instructora consideró que el grupo de Whatsapp "era esencialmente un grupo de trabajo" y sobre las presiones a testigos, la magistrada no apreció ni intimidación, ni coacción, ni inducción a ningún falseamiento de la realidad.

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