Penalva y Subirán deben "dimitir" como otros investigados

La declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) del magistrado Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, en calidad de investigados por los presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, deslealtad profesional y prevaricación, es algo extraordinario. No sucede cada día que un juez instructor y un fiscal, que tenían la responsabilidad de esclarecer la verdad en un proceso penal, acaben siendo ellos quienes sean sospechosos de haberse apartado de la legalidad en el ejercicio de sus funciones. Desde este punto de vista corresponde felicitarse porque pese a las vicisitudes que el caso Cursach ha atravesado, la declaración de este jueves denota que la Justicia funciona y pese a la condición de aforados de Penalva y Subirán, nadie está al margen de la Ley.

Los funcionarios investigados defendieron sus decisiones y sus actuaciones procesales, ante la gravedad de las acusaciones de que son objeto ahora por parte del Ministerio Fiscal. Sin embargo, se acogieron a su derecho de no responder a las acusaciones particulares, esto es, a los abogados de las personas perjudicadas por sus actos, más de una treintena. Si bien se trata del ejercicio de un derecho constitucional que ampara a todo imputado, es cuestionable como estrategia jurídica pues desprende una sensación de no estar en disposición de defender en toda circunstancia todas las decisiones que adoptaron y que ahora están bajo la lupa de la Justicia.

Es por ello que, al margen de que Penalva y Subirán estén ahora de baja médica (y en el caso del fiscal, apartado de la Fiscalía Anticorrupción), es difícil de comprender que no se hayan adoptado otras medidas cautelares para apartarles temporalmente y por el tiempo que estén imputados, de la carrera judicial y de la carrera fiscal respectivamente.

La ciudadanía exige ejemplaridad, no solo en la clase política sino también en la función pública. Y del mismo modo que los políticos investigados por corrupción se han visto obligados a dimitir en la mayoría de ocasiones, Penalva y Subirán debieran ser obligados a renunciar a sus cargos, siquiera fuera temporalmente. Sin embargo, el perverso sistema de aforamientos que tan cuestionado se encuentra actualmente, ampara a estos dos funcionarios sospechosos de cometer, presuntamente, delitos de extrema gravedad. Para evitar el daño que esto hace al sistema judicial, ellos mismos debieran presentar sus renuncias; pero es algo que nadie espera que hagan.