Caso Cursach: unos testigos con nula credibilidad

La sospecha de una notoria falta de credibilidad se extiende sobre los principales testigos protegidos en varias de las causas abiertas del llamado Caso Cursach. La instrucción llevada a cabo por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán ha quedado más que cuestionada tras la investigación abierta contra ellos y contra algunos agentes del antiguo Grupo de Blanqueo que llevaron el grueso de las actuaciones.

Los policías que ahora analizan las supuestas irregularidades de la instrucción definen a los testigos protegidos números 29 y 31-cuyas declaraciones provocaron detenciones, acusaciones contra decenas de imputados y dos condenas firmes de acusados que optaron por pactar- como personas de poca credibilidad, capaces de inventar acusaciones o de denunciar coacciones y agresiones de las que decían haber sido víctimas.

Este lunes se conocía el sexto informe de los dos policías que intentan desentrañar la madeja de supuestas irregularidades que se produjeron durante la instrucción. Este informe centra buena parte de sus 415 páginas en el testigo protegido número 29 del que afirman que "carece de escrúpulos" a la vez que señalan que "avalado por los investigadores no habría dudado en acusar, de la forma más temeraria posible, a múltiples personas de hechos presuntamente falsos, a sabiendas de su falsedad y en una pavorosa unidad de acción y a cambio de conseguir unos beneficios propios". Este testigo fue clave en la causa tras denunciar el trato de favor por parte Cursach hacia policías locales a cambio de orgías en la discoteca Tito’s, según afirmó.

La otra testigo, la número 31, más conocida como "La madame", también denunció en su día acciones por parte de las empresas de Cursach a favor de policías y políticos. Pasado el tiempo, la realidad que describió "La madame" no sólo se ha desvanecido sino que deberá declarar como imputada ante el TSJIB en septiembre.

Las más que probables invenciones de ambos acapararon portadas de diarios y minutos de televisión. La exposición pública y el daño moral a quienes acusaron es imposible de revertir. Aunque lo más preocupante es la actuación que llevaron a cabo los funcionarios públicos que instruían el caso -juez, fiscal y policías-, presuntamente escondiendo datos a los tribunales que debían juzgar y remarcando aquellos que se apoyaban en este tipo de testigos.

La causa se ha venido abajo como un castillo de naipes, con los instructores acusados de prevaricación, revelación de secretos, deslealtad profesional y detención ilegal. Una situación que acerca más la nulidad del caso, con el consiguiente coste para la Justicia y para los ciudadanos, que quizá no lleguemos a conocer la realidad de todo lo ocurrido.