Los abogados también estallan contra el Ministerio de Justicia

La justicia balear ha reclamado que “de una vez por todas” se haga justicia con los profesionales adscritos al turno de oficio. En el manifiesto leído en las concentraciones que se han desarrollado ante los juzgados de Vía Alemania, los de Mahón y los juzgados de lo Penal de Ibiza, la abogacía lamenta la “inacción de la administración pública ante este “deterioro inasumible” y reprocha al Ministerio “que ni siquiera intente negociar con los funcionarios en huelga una posible salida al conflicto”.

Por ello, reclaman de los poderes públicos “un acuerdo que reactive de forma inmediata” el normal funcionamiento de este servicio público” y medidas urgentes para “resolver los inadmisibles retrasos acumulados”. En este sentido, el decano Martín Aleñar, presente en la concentración en Palma, incide en que la situación “está afectando muy gravemente a muchos ciudadanos que aspiran a que su asunto, para ellos de vital importancia, encuentre solución en los tribunales” y, también, “está causando enormes perjuicios a los profesionales de la abogacía”.

Aleñar ha asegurado que se siguen suspendiendo juicios a diario y que algunos ya se están señalando a dos años vista, algo que ha calificado de “auténtico drama” para las personas que llevaban meses, si no años, esperando la vista. Estima que, solo en los tres primeros meses del año, dejaron de celebrarse en las islas un 16 por ciento los juicios que estaban señalados, mientras que, siempre según estas estimaciones, los asuntos repartidos pendientes de ser aceptados -en relación a los previstos- habrían crecido en Baleares un 33 por ciento en el mismo periodo.

No obstante, y más allá de la mencionada reactivación inmediata, los letrados reivindican un Pacto de Estado que permita avanzar hacia la justicia moderna, ágil, eficiente y de calidad que merecen la ciudadanía y el Estado de Derecho.

REIVINDICACIONES DEL TURNO DE OFICIO

No han sido estas las únicas reclamaciones que se han escuchado este mañana antes las sedes judiciales, ya que la convocatoria incluía también la exposición de las “justas reivindicaciones” de la abogacía adscrita a los servicios del turno de oficio y ALD, reclamaciones “sucesivamente desoídas” por los poderes públicos.

Entre estas reivindicaciones, han recordado, figuran, además de aquellas de carácter económico, otras mejoras en las condiciones de prestación de servicio, la reducción de la carga burocrática que han de soportar estos profesionales y la ampliación del número de ciudadanos que podrían acogerse al servicio. Aseguran que esto se conseguiría si en vez de tomar como base para el reconocimiento de la justicia gratuita el IPREM se opta por el Salario Mínimo Interprofesional.