La Ley de la Vivienda aprobada por Sánchez dos días antes de las elecciones del 28 de mayo tienen los días contados, al menos en las autonomías controladas por el PP. Uno de los pilares de esta ley, la declaración de zonas tensionadas para poder intervenir sobre precios y mercado, es rechazada por la mayoría de los 14 municipios de Baleares que cumplen los criterios para poder ser declarados tensionados. Este masivo rechazo en Baleares también ha sido corroborado por la mayoría de los votantes (79%) que viven en estas zonas sensibles.
Las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, con una clara victoria del PP en la mayoría de las autonomías han dado la puntilla a la Ley de la Vivienda, al menos en las zonas controladas por los por los populares que en su día ya anunciaron su negativa a aplicar en sus territorios esta ley. Un estudio realizado por el portal Inmobiliario Idealista, ha certificado que cerca de los 300 municipios de España, es decir, el 49 por ciento que cumplen con los criterios para ser declarados tensionados se han mostrado en contra de que se controle el mercado del alquiler y mucho menos que se declare zona tensionada.
14 MUNICIPIOS EN BALEARES
En Baleares y siguiendo los criteros emanados de la Ley de la Vivienda se pueden identificar 14 municipios que entrarían dentro del cómputo de zonas tensionadas: Palma, Alcúdia, Andratx, Ibiza, Llucmajor, Marratxí, Sant Antoni de Portmany, Sat Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Santanyí, Santa Margalida, Calvià, Pollença y Manacor. En la práctica totalidad de estos municipios, el partido más votado ha sido el PP que bien gobernará en solitario o en coalición con otros partidos. En estas localidades populares no se aplicará la declaración de zona tensionada.
Es más, según este estudio, en Baleares, tan sólo el 14 por ciento de los votantes que viven en estas zonas tensionadas se mostró a favor de declarar municipio tensionado, mientras que el 79 por ciento mostró su rechazo a esta posibilidad.
En las islas, el Pacte de Progrés, ahora en funciones tras las elecciones municipales, siempre se mostró favorable a la Ley de la Vivienda anunciando que implantaría las zonas tensionadas en numerosos municipios. La victoria del PP ha dado al traste con esta ley que no se aplicará en el archipielago.
Para declarar una zona tensionada, la comunidadad autónoma, que es competente en esta materia, debe demostrar que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler en el prespuesto familiar, más los gastos básicos, superan el 30 por ciento de los ingresos. Asimismo, se considerará zona tensionada cuando el precio de la vivienda o alquiler haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos un 3% superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la autonomía correspondiente.
La Ley de la Vivienda y la necesidad de poder acceder a un piso, se ha convertido en el eje de las campañas electorales. Esta ley no solo hace referencia a la declaración de zonas tensionadas para así poder aplicar medidas de control y vigilancia, sino que también contempla otras actuaciones como gravar las viviendas vacías, creación de la figura del gran tenedor fijada en cinco o más viviendas, topar las subidas de los alquileres, actualizar los contratos de alquiler y ofrecer incentivos fiscales a aquellos propietarios que alquilen su vivienda a precios asequibles y con contratos de larga duración.
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