El presidente del Parlament, acusado de contratar irregularmente a dos funcionarios

Vicenç Thomàs, presidente del Parlament de les Illes Balears, y la oficiala mayor de la institución, han sido denunciados ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (OAIB).

La denuncia, a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, hace referencia a la comisión de un presunto delito de prevaricación de funcionarios públicos del artículo 405 del Código Penal y solicita al citado órgano que "se estudie si el hecho denunciado es constitutivo de delito".

Concretamente, se denuncia la contratación de dos funcionarios interinos de forma irregular, hecho que se atribuye a la oficiala mayor del Parlament (la letrada designada por la Mesa, que ostenta la dirección del personal y de los servicios de la cámara, a las órdenes inmediatas del presidente y de la Mesa), con la anuencia del presidente, Vicenç Thomàs.

El escrito de denuncia, fechado en Palma el 10 de mayo de 2023 y presentado de forma telemática al día siguiente, relata que "se elevó a la Mesa una resolución en materia de personal para su aprobación, basada en el artículo 55.6 del Estatuto de Personal de Parlament, mediante la cual se pretendía prolongar la contratación prevista en el mencionado artículo por un periodo superior a los 12 meses".

El artículo citado establece que "cuando un puesto de trabajo quede vacante, el letrado oficial mayor puede, en caso de necesidad, proceder a cubrirlo transitoriamente durante un máximo de seis meses, con otro funcionario que cumpla los requisitos y tenga la titulación necesaria para desarrollarlo". Sin embargo, se determina que "excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, o en el caso que se haya iniciado un proceso selectivo para cubrir plazas vacantes, el oficial o la oficiala mayor, con una propuesta motivada, puede prorrogar este plazo a un máximo de seis meses adicionales".

Según los denunciantes, en el caso que se traslada a la OAIB, "los funcionarios ya llevaban más de un año trabajando en base al citado artículo 55.6 y para volver a prorrogar una vez más el periodo de seis meses (que excepcionalmente sólo podía ser prorrogado por una sola vez y por necesidades del servicio o cuando se hubiera iniciado un procedimiento selectivo), la oficiala mayor, en el informe que elevó a la Mesa del Parlament para justificar la prórroga, añade «hasta que la plaza sea cubierta definitivamente», inventando y falseando así el propio art. 55.6 de forma unilateral, sin autorización para su modificación, sin negociación previa con la Junta de Personal ni informes preceptivos y elevando el mismo informe alterado a la Mesa para su aprobación, sin informar de la modificación efectuada, convirtiéndolo en nulo de pleno derecho, además de ocultar a los miembros de la Mesa su actuación, implicándolos así en un posible delito".

La denuncia afirma que "se modifica o altera el art. 55.6, vulnerando el espíritu del mismo, (que pretende dotar de personal con carácter urgente e inmediato de un determinado servicio), convirtiéndolo en una figura para la dotación de plazas de funcionarios obviando todos los principios fundamentales del acceso a la función pública y orillando la negociación colectiva en esta materia, evitando así la creación de bolsines, procesos selectivos, etc."

La denuncia señala, además de a la oficiala mayor, al presidente Vicenç Thomàs, diciendo que "no se puede obviar que tanto el orden del día de la Mesa como sus contenidos, son aprobados previamente por el presidente, a propuesta de la oficiala mayor".

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