Desde el GOB sostienen que la superficie afectada, que se sitúa en los viales de Son Dolç, en sa Vileta, y Ca n'Adrià, es suelo sin urbanizar y que, por ello, tiene que pasar a ser suelo rústico en aplicación de la ley de urbanismo de Baleares.
La entidad insiste en que su urbanización no tiene garantizado el abastecimiento suficiente de agua potable ni la capacidad de depuración de las aguas residuales de las cerca de 300 viviendas que se propone construir.
EL GOB PIDE LA ANULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES URBANÍSTICAS
Por ello, el GOB ha pedido que se anule la aprobación de las modificaciones de las normas urbanísticas de Santa Maria por la falta de la evaluación ambiental estratégica de los impactos que conlleva la urbanización. La organización ecologista ha argumentado que el paisaje periurbano del núcleo sufre un grave deterioro físico y paisajístico y que su ordenación y gestión no tiene que pasar por urbanizarlo, dado que, bajo su punto de vista, este proceso "solo dilata, agrava y extiende el problema en una nueva frontera urbana".
Además, el GOB ha solicitado la revisión completa del planteamiento urbanístico en Santa Maria debido a la "fuerte" presión que hay a raíz del crecimiento del suelo urbano y la edificación "descontrolada" en suelo rústico y de infraestructuras.
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