Vivienda cara y poca gestión

Los cinco municipios más caros para comprar una vivienda en España están en Baleares, y siete de los diez primeros se sitúan en las Islas, según el estudio que publicaba este martes mallorcadiario.com. En esta ocasión, son datos extraídos de los precios medios de las las operaciones inmobiliarias de compra-venta. El municipio más exclusivo es Formentera, con un precio medio de 7.401 euros el metro cuadrado. El segundo puesto es para el municipio de Deià, en Mallorca, con un coste de 5.342 euros el metro, por delante de enclaves ibicencos como Eivissa Vila, Sant Joan de Labritja o Sant Josep de Sa Talaia, que también superan los 5.000 euros.

La estadística vuelve a redundar en el problema que supone la carestía de la vivienda en Baleares, una realidad que no hace falta demostrar con cifras ya que se encuentra suficientemente constatada por la experiencia personal de miles de ciudadanos. Las administraciones públicas deben tomar nota de esta realidad y actuar más allá de los deseos expresados en comparecencias institucionales, medios de comunicación o mítines electorales. En Baleares, la vivienda es cara y el déficit de vivienda pública es muy acusado.

Este martes, el conseller Marc Pons explicaba en el Parlament la situación generada en Son Busquets tras el anuncio del Ministerio de Defensa de sacar a subasta los terrenos del antiguo cuartel por 45,8 millones de euros. La decisión del departamento que dirige Margarita Robles cayó como un jarro de agua fría no sólo en el Govern sino en todos aquellos que esperaban que Defensa facilitara una operación que permitiera construir entre 800 y 1.000 viviendas públicas en el inmenso solar.

La decisión del Gobierno central no sólo impide dotar a Palma de este parque de nuevas viviendas, sino que añade frustración a todos los que confiaban en la capacidad de los gobernantes de aportar soluciones al problema de la vivienda, en este caso, de Palma.

Madrid ha presentado esta semana su macroproyecto "Madrid Nuevo Norte" que construirá al norte de la capital 10.500 viviendas (casi el 30 por ciento de protección oficial), zonas verdes y equipamientos. Todo sobre los terrenos de la actual estación ferroviaria de Chamartín, que se redimensionará y quedará integrada en el proyecto. El plan -diseñado hace años y que acabó siendo asumido como propio por Manuela Carmena- es un ejemplo de negociación entre diferentes administraciones, instituciones y empresas públicas. Una compleja gestión que beneficia, en este caso, a los madrileños y que no deja de despertar cierta envidia en comunidades como la nuestra.