Terraferida denuncia la construcción de viviendas en una zona protegida de Banyalbufar

La entidad ha explicado en un comunicado que ha denunciado "dos edificaciones con toda la apariencia de viviendas" que se están construyendo en la actualidad dentro Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP-Boscoso) en la zona de Son Creus.

Ambas construcciones se ubican además dentro del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, dentro pequeñas parcelas de 6.000 y 9.000 metros cuadrados, que por tanto no tienen la condición de edificables.

Según Terraferida, los promotores habrían obtenido licencia del ayuntamiento de Banyalbufar para hacer edificaciones de nueva planta y reconstrucciones para usos exclusivamente agrarios, y para obtenerlas se habrían acogido a la exoneración del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la Ley Agraria de 2014.

Estas autorizaciones irían condicionadas usos apícolas y a puntos de venta de productos agrarios, pero Terraferida insiste en que la apariencia de las construcciones es de viviendasy "en ningún caso de edificaciones agrarias".

La ubicación de las construcciones en una zona boscosa de difícil acceso y en lugares donde estas actividades (apícolas y de venta de productos agrarios) difícilmente serían viables, ha hecho pensar a la organización que se trataría de un fraude de ley, por lo que han denunciado las obras para que se investiguen.

Terraferida también ha pedido al Ayuntamiento de Banyalbufar que revise las licencias otorgadas, para saber si se ajustan a la legalidad y a la Conselleria de Medio Ambiente que revise si los informes de estas autorizaciones se ajustan a lo que realmente está edificando.

Creen que también se podrían haber vulnerado los artículos 89 y 90 de la normativa del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, al ser construcciones de nueva planta que no deberían haber sido autorizadas y también la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), por hacer que las obras dentro de un Paraje Natural.

La entidad ha criticado que la llamada "ley Company", la Ley Agraria de 2014, constituye "un coladero de ilegalidades urbanísticas que debe ser revisado".

Cuando se aprobó dicha ley agraria, diversas entidades, asociaciones agrarias y expertos en urbanismo ya advirtieron de que la exoneración de cumplir los parámetros urbanísticos demostrando una cierta actividad agraria en la finca, "podría ser un coladero para edificar chalets a lugares no edificables", ha recordado Terraferida.

La organización ha pedido a la Conselleria de Agricultura que revise todos los expedientes similares y compruebe si las autorizaciones que dicho departamento autonómico ha concedido en los últimos años se ajustan a la actividad agraria solicitada o se han acabado convirtiendo en chalets