Los anteriores vigilantes del antiguo cuartel militar, que salieron de las instalaciones militares cuando el ministerio de Defensa traspasó el cuartel a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), han vuelto a advertir que los okupas ya están tomando posiciones dentro del cuartel situado en Camp Redó.
En concreto, han relatado que la valla de seguridad ha sido forzada y los okupas han entrado en el edificio donde vivían los oficiales, un conjunto de unos 12 apartamentos situados frente a la entrada principal y que se encuentran en muy bien estado para vivir. La puerta de entrada de este edificio está abierta y los okupas están dentro. Desde este sindicato de vigilancia privada se ha vuelto a advertir que el problema se puede agravar si este cuartel de 110.000 metros cuadrados con varios edificios y 18 pabellones continúa sin vigilancia. Los vigilantes han subrayado de que "poco a poco los okupas irán haciéndose con todas las instalaciones y entonces será prácticamente imposible echarlos, si no es con violencia. Hay que poner vigilancia lo antes posible; en caso contrario, este cuartel se va a convertir en el centro de la ocupación de Palma".
NUEVA LICITACIÓN DEL SEPES
Como se recordará, el ministerio de Defensa traspasó el cuartel al Sepes con el objetivo de que posteriormente, esta entidad procediese a entregar la instalaciones al Ayuntamiento de Palma para la construcción en el mismo de 830 viviendas sociales y a precios asequibles.
El Sepes, una vez recibido el cuartel, procedió a lanzar un concurso para ofertar el servicio de vigilancia privada en el cuartel. El primer concurso quedó desierto al considerar las empresas que la licitación no compensaba el coste laboral del servicio.
Ahora, esta entidad pública ha vuelto a lanzar un nuevo concurso cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo día 22 de junio. El presupuesto se eleva a 214.600 euros, cantidad que se ha ampliado en 36.000 euros frente a los 178.500 euros del primer concurso.
No obstante y siempre teniendo en cuenta que una vez se cierre el concurso, hay que abrir las ofertas, esperar a las posibles alegaciones y elegir la oferta ganadora, siempre que no se vuelva a declarar nulo el concurso, no habrá vigilancia al menos en los dos próximos meses.
Este digital ha intentado en varias ocasiones solicitar la opinión del Sepes para confirmar plazos y la posiblidad de incluir una partida económica de urgencia para que se instale vigilancia mientras se resuelve el concurso, pero no ha obtenido contestación a estos requerimientos.
Esta situación de indefensióna ha alarmado a los vecinos de Camp Redó que no han dudado en expresar su rechazo y exigir vigilantes en el cuartel. Prueba de esta preocupación es la concentración que tuvo lugar el pasado 17 de mayo organizada por la Asociación de vecinos de camp Redó- Son Busquets y el Sindicato Espartano de Seguridad (SIES).
Los vecinos no dejan de advertir que de seguir el cuartel sin vigilancia "se va a llenar de okupas y drogadictos. Nos tememos que esto termine convirtiéndose en el nuevo Son Banya. Por ello y basándonos en nuestra experiencia, podemos asegurar que esto se va a convertir en un nuevo gueto, como las denominadas 3.000 viviendas en Sevilla".
830 VIVIENDAS SOCIALES Y ASEQUIBLES
A principios del pasado mes de abril, el Consejo de Ministros aprobó traspasar la propiedad de los terrenos del antiguo cuartel de Son Busquets de Palma a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la construcción de 830 viviendas sociales.
Este traspaso tenía como objetivo poner en marcha las actuaciones que condicionarán en el denominado PERI de Son Busquet y que posibilitará ejecutar las medidas urbanísticas pertinentes para poder ejecutar las actuaciones que en materia de vivienda se tienen previsto ejecutar en este ex cuartel militar.
Sin embargo, antes de empezar a construir estas viviendas sociales, se deberá elaborar y aprobar el Peri de Son Busquets con todos los retrasos burocráticos que ello conlleva. Algunos expertos han avanzado que, como poco, estas viviendas no estarán habitables al menos hasta dentro de cuatro u ocho años.
Según el proyecto, en esta zona de 110.000 metros cuadrados se pretende edificar 830 viviendas públicas que se destinarán a alquiler y otras a precio tasado. Estas viviendas vendrán acompañadas de otras actuaciones como la construcción de un centro de salud, zona y parques infantiles y un centro educativo.
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