La empresa pública destina cada año una cifra parecida a este punto, entre 36.000 y 40.000 euros. Además, en la pasada temporada, también se invirtieron 80.000 euros en nuevos vinilos para mejorar la imagen de los vagones. No duraron mucho en buen estado: algunos de ellos sufrieron ataques 2017 y también en 2018.
El problema, subrayan fuentes de la conselleria, es común en todos los servicios ferroviarios. De hecho, el Observatorio de Civismo en el Transporte Ferroviario indica que en 2017 se registraron en toda la red de cerca de 27.000 casos de incivismo.
"Los ataques de grafiteros organizados suponen el mayor problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios. Se trata de grupos delictivos coordinados, que descargan indistintamente sobre instalaciones, material móvil, viajeros, empleados y vigilantes de seguridad", indica la institución en una nota de prensa. "A diferencia de los murales realizados en la vía pública, a veces tratados como una variante de arte urbano, el grafiti ferroviario es siempre ilegal. Para realizarlo se debe cometer previamente una intrusión en zonas sensibles de la operación, acción que viola las leyes de seguridad ferroviaria y los reglamentos de viajeros. Además, de un tiempo a esta parte, suele ir asociado a comportamientos violentos y a diversos delitos como daños, robos, coacciones, amenazas y agresiones".
Según el Observatorio, el número de integrantes de los grupos ha aumentado en todo el país y se ha elevado el grado de planificación y organización: "suelen realizar acciones preparatorias en las que roban planos, emisoras, uniformes o llaves, inutilizan sistemas de seguridad y destrozan puertas y rejas para tener más fácil la entrada, cometer el ataque y facilitar la salida", prosigue la nota.
"La violencia utilizada es otra característica de las intrusiones vandálicas que realizan individuos encapuchados, a menudo equipados con barras y espráis irritantes con los que cometen agresiones, coacciones y destrozos en vehículos e instalaciones. A todo ello hay que añadir que las entradas clandestinas en instalaciones ferroviarias comportan riesgos para los propios grafiteros, para los empleados y para los usuarios". Los más repetidos y evidentes: atropello, electrocución y caída.
Los operadores ferroviarios integrados en el Observatorio han emitido su preocupación ante la imposibilidad de implantar acciones de suficiente intensidad que frenen esta grave evolución, que perjudica tan seriamente la seguridad de sus usuarios, la regularidad del servicio y la integridad del personal, instalaciones y trenes. Por ello, el problema requiere una actuación firme en diferentes ámbitos y coordinada con los responsables de la seguridad pública, ya que la envergadura del fenómeno desborda las competencias y los medios de los operadores.