Todos los partidos del Consell exigen al Gobierno firmar un nuevo convenio de carreteras

La moción ha sido impulsada por el PP y recoge también liquidar los ocho millones de euros pendientes de cobrar del anterior convenio, ya caducado. El portavoz popular, Llorenç Galmés, ha destacado que los presupuestos del Consell de Mallorca del año que viene constatan "el menosprecio y la dejadez de Pedro Sánchez hacia Mallorca, ya que no contemplan ninguna inversión financiada por Madrid y deja en el aire obras tan necesarias como el primer tramo del segundo cinturón o los accesos a Palma".

Galmés ha lamentado que el Consell "tenga que poner 50 millones de euros de recursos propios para poder llevar a cabo obras en las carreteras", y ha anunciado que el PP presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos del año que viene, ya que, a su juicio, son unas cuentas "insuficientes e injustas". El representante del PP ha asegurado, además, que los presupuestos son "poco realistas, dado que no se ajustan a las necesidades de los ciudadanos de la isla".

MOCIÓN SOBRE EL CENTRO DE MENORES DE SON ROCA

Por otra parte, el PP ha destacado el compromiso de la institución insular, también a instancias de la formación popular, a tomar las medidas necesarias para cerrar el centro Norai, ubicado en la barriada palmesana de Son Roca. En esta línea, según ha resaltado el principal partido de la oposición en el Consell, el pleno de la institución insular ha aprobado, por unanimidad, presentar antes del 15 de enero la convocatoria de plazas para nuevos servicios de acogida de menores extranjeros no acompañados del centro.

La moción, que ha sido defendida por la consellera insular Catalina Cirer, instaba al IMAS a presentar el nuevo concurso de plazas antes de fin de año. Sin embargo, el equipo de gobierno ha incorporado una enmienda pidiendo más margen de tiempo y en la que se comprometen a hacerlo efectivo antes del 15 de enero de 2022.

LEY DE VIVIENDA

En otro orden de cosas, la sesión plenaria ha rechazado otra moción del PP con la que se pretendía instar al Gobierno central a retirar "de inmediato" la nueva Ley de Vivienda. El portavoz popular, Llorenç Galmés, ha censurado que la nueva legislación "atenta de manera preocupante contra diversos derechos fundamentales", como la propiedad privada.

Galmés ha criticado que la nueva normativa establezca la posibilidad de intervenir sobre los precios de la vivienda y ha asegurado que, para que los precios bajen, "hay que incentivar que haya más oferta", dado que, en su opinión, "la gente ya está harta de que le digan qué ha de hacer con su vida" ante una ley que ha calificado de "intervencionista, confiscatoria y expropiadora".

PODEMOS ACUSA AL PP DE DEFENDER A LOS GRANDES TENEDORES

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en el Consell, Magdalena Gelabert, ha expresado que la Ley de Vivienda que está impulsando el Gobierno central es una garantía con vistas al "acceso a una vivienda digna para todo el mundo". En este sentido, ha apuntado que "sería ilusorio pensar que, después de las políticas de vivienda que los gobiernos de derechas aplicaron, estarían de acuerdo, ahora, con una ley que quiere beneficiar a las clases que más sufren la crisis de este sector en vez de favorecer a los grandes propietarios".

Gelabert ha afirmado que la oposición a esta ley por parte de partidos como el PP "no responde a los intereses legítimos de la gente, sino a los de los grandes tenedores".