El Pleno da luz verde al decreto que modifica la Ley de Salud Pública

Los grupos que han votado en contra han considerado inconstitucional el texto propuesto por el Govern en lo relativo al establecimiento de restricciones de derechos fundamentales en situación de pandemia. Cs y MÉS per Menorca, por su parte, se han abstenido.

El decreto, aprobado el pasado 7 de mayo por el Consell de Govern, pretendía dar un marco legal para permitir adoptar medidas de control de la pandemia a partir del 9 de mayo, cuando finalizó el estado de alarma.

En concreto, recoge en la normativa autonómica medidas utilizadas durante el estado de alarma como confinamientos perimetrales de zonas, controles de entrada en puertos y aeropuertos, el toque de queda, limitaciones a reuniones sociales y el aforo en lugares de culto. El texto incluye preceptos para hacer posible aplicar estas medidas en una situación de pandemia y fija las condiciones para adoptarlas.

Baleares adoptó diferentes medidas de control una vez agotado el estado de alarma, entre ellas el toque de queda y restricciones a las reuniones sociales, dos aspectos que fueron anulados el pasado jueves por el Tribunal Supremo al considerar que no eran proporcionales teniendo en cuenta la situación epidemiológica en el territorio.

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PRECIO MÁXIMO PARA LAS PCR

Además, el decreto también fija en un máximo de 75 euros el precio de las PCR y en 30 euros el de las pruebas de antígenos en la Comunidad.

Durante el debate, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha defendido la gestión del Govern de la pandemia y ha destacado el incremento en recursos económicos y humanos para "implicar la salud en todas las políticas".

Gómez ha defendido que el texto "se adecua a los criterios" del Supremo porque "responde a la exigencia de que haya una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden adoptar".

EL PP DA "UN 'NO' CATEGÓRICO Y ENORME"

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha expresado el rechazo de su grupo al contenido del decreto: "No nos queda más remedio que votarles un 'no' categórico y enorme", ha incidido, considerando que el texto "es la declaración de alarma de Armengol por vía de un decreto ley".

Lafuente ha asegurado que la sentencia del Supremo sobre el toque de queda implica que "desde el 9 de mayo hasta el pasado jueves el Govern estuvo vulnerando los derechos de los ciudadanos". "Y aquí no ha pasado nada", ha lamentado.

El diputado ha asegurado que la jurisprudencia constitucional establece que no se puede afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos por decreto ley, sino que sólo pueden ser regulados por leyes orgánicas. "Estamos ante un uso abusivo y arbitrario del decreto ley", ha dicho el parlamentario, que ha afirmado que el texto del Govern.

VOX ESTUDIA IMPUGNARLO JUDICIALMENTE

Por su parte, la diputada de Vox Idoia Ribas ha anticipado que los servicios jurídicos del partido están estudiando el texto para impugnarlo judicialmente, ya que lo consideran "abusivo y de muy dudosa constitucionalidad". "Sus tics liberticidas no han ido más allá gracias al Supremo", ha dicho.

Desde el PI, el diputado Josep Melià ha criticado también el texto, cuestionando que "un director general podrá ir restringiendo derechos". Así, ha pedido al Govern que se "replanteen" esta normativa porque "la salud pública no puede ser excusa para cualquier abuso por parte de los poderes públicos".

Además, desde la oposición han coincidido en criticar el uso de la figura del decreto ley por parte del Govern a lo largo de la pandemia. Se trata del quinto decreto ley que llega al Parlament este año, y en 2020 fueron 15, según ha recordado Lafuente.

CS: "LA PESADILLA HA SIDO PARA LAS CCAA"

Sobre esto, el diputado de Cs Juan Manuel Gómez ha argumentado que otras Comunidades han actualizado normativa para adaptarse a la pandemia, y que el Govern podría haber tramitado esta propuesta como proyecto por vía de urgencia.

Igualmente, ha considerado que "por incumplimiento" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la pesadilla ha sido para las Comunidades Autónomas" al quedarse sin instrumentos jurídicos al finalizar el estado de alarma. "Llevamos desde entonces pidiendo un plan B", ha protestado.

MÉS LAMENTA QUE EL ESTADO "SE LAVA LAS MANOS"

Por parte de los grupos del 'Pacte', el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha subrayado que "no es ningún capricho" limitar derechos, si bien ha criticado que al finalizar el estado de alarma el Gobierno "se lava las manos".

Desde Unidas Podemos, la diputada Cristina Mayor ha defendido que "las autoridades sanitarias tienen que disponer de herramientas adecuadas para hacer frente a situaciones en las que las salud se encuentre comprometida".

Finalmente, el diputado del PSIB Carles Bona ha dicho que "no se entiende el discurso catastrofista del PP" porque no votó a favor del estado de alarma "y después lo reclamaban". "Auguran ustedes el fin del mundo más que los mayas, pero a diferencia de ustedes, los mayas no deseaban el fin del mundo", ha ironizado el socialista.