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Las inmobiliarias advierten que la inseguridad jurídica reduce el número de pisos para alquilar
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Las inmobiliarias advierten que la inseguridad jurídica reduce el número de pisos para alquilar

Por José Luis Crispín
martes 26 de abril de 2022, 06:03h

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La nueva Ley de la Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, tiene en jaque tanto a propietarios como a inquilinos. Desde la Asociación Balear de Serveis Inmobiliaris (ABSI), que preside Fernando Valentín, se ve con inquietud esta nueva normativa al temer que no genere suficiente seguridad jurídica para los arrendadores, lo que impedirá que se coloquen en el mercado más viviendas en alquiler. Absi adelanta que, incluso, numerosos arrendadores podrían sacarlas del mercado del alquiler para ponerlas a la venta, lo que provocaría un aumento de precios ante la falta de oferta.

Fernando Valentín, no oculta los peligros que para los arrendadores implicaría algunas disposiciones que se advierten en la nueva Ley de la Vivienda al tiempo que reseña que "por el momento, no hemos constatado un descenso general en la oferta de pisos de alquiler. No obstante, si sale adelante esta ley en los términos en que conocemos, la misma podría generar un efecto contrario al deseable que sería el de aumentar la oferta. Si la rentabilidad de los alquileres es menor, evidentemente, habrá menos oferta y aumentarán los precios".

Valentí subraya que, al igual que ya está sucediendo en otras comunidaddes autónomas, especialmente en Cataluña, podría darse el supuesto que con la aplicación de la nueva ley se retirasen del mercado pisos en alquiler e incluso viviendas que se compran para su posterior alquiler: "Lo que está claro es que si una persona tiene su dinero metido en el alquiler y la rentabilidad no es la que esperaba pues no lo sacará en alquiler y terminará como venta. Por ahora, más que una bajada en el ritmo de medio de alquiler, lo que sí se ha constatado es que el propietario tarda más tiempo de alquilar un piso. El arrendador ahora evalúa muy detenidamente a los que quieren alquilar un piso, pues se tiene que asegurar que le van a pagar regularmente".

Esta cautela tiene mucho que ver con la actual inseguridad jurídica a la que se ve sometido el arrendador de una vivienda. En este punto, Fernando Valentín avanza que "no es normal que un arrendador tarde casi un año en recuperar su vivienda por impago. Una buena medida sería agilizar los plazos para recuperar una vivienda por impago u otros actos irregulares Todo esto genera inseguridad jurídica y el consiguiente rechazo a poner en alquiler un piso".

INSEGURIDAD JURIDICA

En relación con la inseguridad jurídica que pueda generar esta ley, el presidente de Absi insiste en que la futura Ley de la Vivienda, tal y como se conoce ahora "no ataca el problema de raíz que es que el propietario tenga más seguridad jurídica. Si hubiese más seguridad jurídica, seguro que habría más oferta de alquiler".

Por último, Valentín advierte sobre un elemento como son las futuras zonas tensionadas donde las comunidaddes autónomas podrán fijar y regular determinados espacios geográficos. El presidente de Absi ante estas zonas señala que "vamos a ver como se hace la selección de estas zonas. Está claro que si el propietario no puede rentabilizar su piso en esta zonas, terminará sacándolo al mercado como venta".

NUEVA LEY DE LA VIVIENDA

La nueva Ley de la Vivienda parte de la valoración de que es una ley que reconoce las competencias que tienen las comunidades autónomas en materia de vivienda. Visto lo anterior, las autonomías podrán hacer modificaciones y aportacione en función de sus necesidades.

La ley ha sido ya sido calificada por asociaciones y entidades de "intervencionistas" y de beneficiar al inquilino frente al arrendador por lo que es una "ley que crea una gran inseguridad jurídica", señalan.

Entre las obligaciones que impone esta nueva ley destacan determinadas ventajas fiscales para aquellos propietarios que bajen el precio de los alquileres a sus inquilinos, pero al mismo tiempo amenaza con más impuestos a aquellos que tengan sus viviendas vacías. Inluso pueden llegar a incrementar el IBI de estas viviendas vacías en hasta un 150 por ciento.

Además de limitar el precio del alquiler a las viviendas de grandes tenedores, la ley obligará a que las nuevas promociones de viviendas de obra nueva tengan que reservar el 30 por ciento de las mismas para parque público. La mitad de este porcentaje se destinará a viviendas sociales.

Además de estas normativas, la nueva ley contempla otras como la creación de un fondo social de viviendas y la regulación de los deshaucios.

En la actualidad, España cuenta con menos de una vivienda social por cada 100 habitantes, lo que le sitúa a la cola de Europa y en uno de los países que menos inverte en viviendas sociales. En el caso concreto de Baleares, el pasado año había más de 8.000 peticiones para poder acceder una de las 1.800 viviendas con las que cuenta el parque del viviendas del Ibavi.

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