Optimismo en el sector de la vivienda ante el decreto que ultima el Govern

Este martes, en la Capella del Consolat de Mar, que alberga la sede de la presidencia del Govern de les Illes Balears, tuvo lugar una reunión entre el Ejecutivo dirigido por Marga Prohens y los representantes de las organizaciones y colegios profesionales vinculados al ámbito de la vivienda, así como los consells insulars y los ayuntamientos.

Este encuentro se enfocó en la elaboración del texto del decreto ley de medidas urgentes destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, el cual se prevé sea sometido a aprobación por el Consell de Govern en el transcurso del presente mes de septiembre.

La reunión contó con la presencia de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal; el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés; y representantes de consells insulars, el Ayuntamiento de Palma, la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), así como asociaciones y entidades relacionadas con el ámbito de la vivienda, además de los colegios profesionales concernidos: Asociación de Constructores de Baleares, la Asociación de Promotores Inmobiliarios PROINBA, la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales ABINI, las patronales CAEB y Pimem, Colegio Oficial de Arquitectos, el Colegio Oficial de Aparejadores, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el Colegio de Administradores de Fincas y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

APOYO

El vicepresidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI), el Jorge Forteza, expresó su agradecimiento al gobierno liderado por Marga Prohens, destacando la consideración otorgada a la asociación más representativa de inmobiliarias en las Islas Baleares en un asunto de vital relevancia como es la problemática habitacional.

Tras la reunión, Forteza subrayó que se ha escuchado su voz y que se han incorporado medidas absolutamente esenciales e ineludibles para abordar a corto plazo el desafío habitacional en Baleares.

“Desde ABINI siempre hemos pensado que debía haber existido una interlocución válida y fluida entre la Administración y los agentes sociales, entre el sector público y el sector privado. Hasta ahora ha sido nulo por lo que desde ABINI nos ponemos a disposición de este gobierno porque ha demostrado un interés real por conocer nuestra opinión y así tomar unas medidas que, aunque dependen de la agilidad administrativa, pensamos que es un muy buen punto de partida”, explicó Forteza.

MEDIDAS

Las medidas contempladas en el decreto ley que se prevé aprobar próximamente tienen como propósito facilitar el acceso a la vivienda mediante el aumento de la oferta de viviendas disponibles en áreas urbanas, generando nuevas viviendas a precios controlados o viviendas de protección oficial, sin que esto represente un costo para la Administración y sin consumir territorio.

Entre las disposiciones del decreto se incluye la conversión de locales comerciales en viviendas, el incremento de la altura de los edificios, la transferencia de terrenos a la iniciativa privada para la construcción de viviendas a precios tasados, así como la adaptación de propiedades de mayor tamaño en múltiples unidades de vivienda.

La presidenta Prohens lamentó el marcado incremento en los precios de la vivienda, que ha ascendido en un 80 por ciento, y el alza del 90 por ciento en el coste del alquiler en los últimos años en Baleares, enfatizando que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema social. En este contexto, anunció la próxima aprobación del primer decreto de emergencia habitacional en las próximas semanas, que sería acompañado de un conjunto de medidas adicionales de naturaleza territorial y urbanística en los próximos meses, además de fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de alquiler.

Este decreto, que será presentado este mes ante el Consell de Govern, se enfoca en viviendas ya construidas y proporciona herramientas a consells insulares y ayuntamientos, y también al sector privado para afrontar la emergencia habitacional. Además, se asegura el respeto a la autonomía municipal, promoviendo una colaboración activa entre los ayuntamientos para la adaptación de este decreto a las particularidades locales.

Otra faceta de esta medida permite un aumento en la altura de edificios en tramos urbanos específicos, respetando las características propias y las alturas máximas preestablecidas. Asimismo, propicia la reconversión de locales comerciales en viviendas, la identificación de terrenos públicos disponibles para su cesión a la iniciativa privada, destinados a la construcción de viviendas a precios controlados, y la transformación de amplios pisos en diversas propiedades.

En particular, este decreto ley habilitará, de manera temporal, varias actuaciones con el fin de cambiar el uso de locales existentes en edificios ubicados en parcelas con usos residenciales plurifamiliares permitidos, convirtiéndolos en viviendas a precios controlados. También posibilitará el aumento de las densidades máximas en edificaciones existentes o en parcelas sin edificar con usos residenciales plurifamiliares permitidos. Además, se prevé el aumento de las alturas edificables en edificaciones existentes o parcelas con usos residenciales plurifamiliares permitidos, y la conversión de terrenos de equipamiento privados aún no desarrollados en propiedades de precio controlado o viviendas de protección oficial. También se habilitará el cambio de uso de establecimientos turísticos obsoletos o parcelas de uso turístico incompatibles con esta función, destinándolos a la creación de viviendas a precios controlados.

Estas acciones permitirán la creación de un máximo de una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie edificable residencial de la parcela en los casos de conversión de locales y el aumento de densidades en edificios plurifamiliares. En el caso de los aumentos de altura en edificios, bajo ciertas restricciones, se autorizará hasta una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie construida como resultado de la intervención. Por otro lado, el cambio de uso de terrenos de equipamiento privados y establecimientos turísticos permitirá la creación de una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie destinada a uso residencial.

De igual forma, se contempla la cesión de terrenos de propiedad pública a la iniciativa privada para la promoción de viviendas de protección y de alojamientos dotacionales, ampliando el plazo máximo de concesión a través de un concurso público (de 50 a 75 años) y definiendo las edificabilidades correspondientes.

En relación con los precios de las viviendas, se proporcionaron ejemplos durante la conferencia de prensa, considerando diversos municipios y la etiqueta energética de las propiedades. En las distintas franjas de precios, para viviendas de 60 y 80 metros cuadrados útiles, los precios controlados oscilarían entre los 102.000 euros en las categorías más asequibles hasta un máximo de aproximadamente 241.000 euros, tanto para adquisición como en modalidad de alquiler. De este modo, en municipios de mayor envergadura en las Islas, un piso nuevo de 60 metros cuadrados útiles saldría al mercado con un precio a partir de 147.000 euros y hasta 181.000 euros, en función de su etiqueta energética. En municipios de menor tamaño, estos precios variarían entre los 102.000 y los 150.000 euros.

ALQUILER

En lo que respecta al alquiler, un apartamento de 60 metros cuadrados útiles, en la mayoría de los municipios oscilaría entre 555 y 680 euros al mes, de acuerdo con la etiqueta energética. En otros municipios, esta franja se extendería entre los 385 y los 565 euros. Por otro lado, el alquiler de una vivienda nueva de 80 metros cuadrados útiles se ubicaría, en su mayoría, entre aproximadamente 740 y 905 euros en los municipios predominantes. En otras localidades, los precios oscilarían entre unos 515 y unos 755 euros.

Estos valores representan precios máximos aproximados, ya teniendo en cuenta la próxima actualización de precios que se planea aprobar en las próximas semanas, tomando como referencia la última actualización realizada en julio de 2022, la cual engloba tanto los precios de VPO como los de precio tasado.

CRÍTICAS

El PSIB no tardó en criticar el anuncio del Govern, cuestionando la percepción de la vivienda como una mercancía y exigiendo que se logre un consenso que involucre a todas las partes interesadas. Los socialistas criticaron que no estuvieran en la reunión los sindicatos, las asociaciones de consumidores y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de no estar dispuesto a dialogar en uno de los asuntos más cruciales de la legislatura. Además, lamentó que una normativa de tal calibre debería ser objeto de debate en la Mesa de la Vivienda, donde están representados todos los actores relevantes.

El PSIB planea analizar detenidamente el contenido del decreto ley una vez sea aprobado, alegando que este solo aborda la falta de viviendas desde una perspectiva urbanística y territorial, mientras que el desafío de la vivienda debe abordarse desde múltiples ángulos que, en su opinión, el Govern no ha contemplado.

Además, los socialistas señalan que el Govern está proponiendo medidas que ya existían en la administración anterior, como la cesión de suelo a promotores privados y la construcción de viviendas públicas por cada 60 metros cuadrados de techo edificable. También expresan su preocupación de que el Govern esté socavando las competencias municipales y que las medidas propuestas no consideren la realidad urbanística y territorial ni las necesidades de acceso a la vivienda de cada zona.