Los fabricantes de refrescos se plantan ante Bauzá por el impuesto

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) se reúne el lunes con el presidente del Govern, José Ramón Bauzá,  en audiencia en el Consolat de Mar para mostrarle su profundo enfado y preocupación por las consecuencias de la creación de un impuesto de argumento ecológico que grava los envases de las bebidas. 

Los representantes de las industrias de alimentación, bebidas, distribución y del sector del reciclaje han mostrado ya “total rechazo” al impuesto para los envases establecido por el Govern balear al considerar que la medida solo tiene un fin recaudatorio y es inconstitucional al suponer una doble carga tributaria sobre la misma base imponible que repercutirá en los consumidores.

La audiencia tendrá lugar a las 11.00 horas y estará encabezada por el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes y director general de la Compañía Coca-Cola España, Fernando Amenedo. Además, asistirán al encuentro el director de Anfabra, Josep Puxeu, director ANFABRA, el secretario del Consejo de PepsiCo, John Rigau y el directivo de directivo de Ecoembes y director de Asuntos Exteriores de la Compañía Coca-Cola España; Juan José Litrán.

También participarán el director general de Cobega SA, y embotellador de Coca-Cola en Baleares, Víctor Rufart y el gerente de Cobega Baleares, y Sebastián Rivera. En la reunión también estará presente el director general de Presupuestos y Financiación, Antoni Costa.

Ya en diciembre representantes de FIAB, ANGED, ASEDAS, ACES, CEC, ECOVIDRIO y ECOEMBES se reunieron con el vicepresidente Económico del Ejecutivo autonómico, Josep Ignasi Aguiló, para transmitirle su “total desacuerdo” con esta medida que creen que es discriminatoria y que afectará “seriamente a la recuperación de la economía” en Baleares.

“Lo único que van a conseguir con esta tasa es perjudicar aún más a las familias en Baleares, que tendrán que soportar un coste adicional medio de unos 100 euros sólo por el consumo de agua embotellada”, ha afirmado el representante de ACES, Aurelio del Pino.

Según los datos facilitados por estas entidades, el precio de una botella de agua de 1,5 litros aumentará un 22%, lo que significa que para una familia de cuatro personas que consuma cuatro litros al día, el coste ascenderá hasta los 100 euros más al año.  

En el caso de las latas de bebida, el incremento de los precios es de un 9% más por unidad, por lo que de media, las familias se enfrentarán a un sobrecoste de 400 euros al año.

En opinión de estas entidades, la medida es “exclusivamente recaudatoria” y “discrimina al consumidor local” frente al de otras zonas del país, por lo que el interés turístico de las Islas se puede ver afectado, así como los 4.000 establecimientos locales de comercio de alimentación y sus cerca de 15.000 empleados.