Guerra de batas blancas

El viernes finalizó en el juzgado de instrucción número 14 de Palma el juicio civil a través del cual el doctor y empresario Pau Ramis Bisellach reclama una indemnización de más de 3 millones de euros a los facultativos integrantes del Comité de Ética de la Policlínica Miramar que le retiraron la condición de Staff de la misma. Ello significaba que ya no podía desarrollar un servicio en exclusividad.

Durante los primeros días de juicio se ha repetido en bastantes ocasiones el argumento que el doctor Ramis, el cual gestionaba el departamento de Medicina Interna del hospital, anteponía generar beneficios económicos a la atención médica de los pacientes.

El modelo de gestión empresarial de la Policlínica, basado en la participación de médicos-empresarios, generó un cruento enfrentamiento entre “familias” médicas. A más ende, este enfrentamiento entre Dalmau y Pizá por una parte, y Ramis por otra, provocó que salieran de la Policlínica profesionales que se consideraban amigos de ambas partes. A pesar de ello, Ramis defiende la bonanza de este sistema aduciendo que se sigue en otras ciudades.

Esta división ha quedado latente durante el juicio del caso Policlínica. Los facultativos que firmaron el informe que justificaba la expulsión de Ramis del staff del hospital, por considerar que sus prácticas iban en detrimento de la calidad médica del servicio y que le suponían ingresos indebidos, se han ratificado en los extremos expuestos.

No obstante,  directivos que salieron de la Policlínica defienden a Ramis de las acusaciones. Se da la circunstancia que actualmente algunas de estas personas se encuentran ligadas laboralmente a la clínica USP Palmaplanas con la que Ramis colabora actualmente, tal y como afirmó su director médico Carlos Fuentes ante la jueza. Fuentes es el único que no se ha mantenido en lo suscrito en el informe del comité de ética porque considera que Ramis es un "