Terraferida quiere que el Govern limite las plazas de alquiler vacacional en la nueva ley

La Ley turística no pone un techo claro de plazas turísticas a las Illes.

El Consell de Govern aprobó este viernes la modificación de la Ley turística que regula el alquiler vacacional.

Este cambio legislativo llega tarde y mal, porque el alquiler turístico ya generaba problemas graves hace dos años.

Desde entonces, se ha perdido un tiempo precioso para evitar que el problema adquiriera la dimensión actual y todo porque el Gobierno no quiso aprobar una moratoria, que se hubiera podido incluir en el decreto ley 1/2016 aprobado en enero del año pasado.

Mientras, se ha debatido, y hasta la aprobación definitiva, se ha inducido un "efecto llamada", reflejado por ejemplo en el último informe del Colegio de Arquitectos, donde se advierte que "La edificación turística se encuentra en máximos históricos".

Esta norma llega también sin un diagnóstico fiable del número de plazas turísticas, incluidas las de alquiler vacacional existentes, legales e ilegales, que se debería haber hecho bajo el paraguas de una moratoria.

El Gobierno sigue sin reconocer que las Illes tienen más de 600.000 plazas turísticas, lo que le obligaría a cerrar su decenas de miles de ilegales.

Los aspectos que consideramos más negativos serían:

• Deja la puerta abierta al aumento del techo de plazas por parte de los Consells Insulars a través de los PIAT y PTIs, sin límites claros.

• Que haya dos bolsas diferenciadas, una para plazas turísticas en establecimientos y una para viviendas, facilita el aumento del techo.

• Permite la comercialización turística a plurifamiliares, cuando, dada la ilegalidad de esta actividad, no puede suponer ningún derecho adquirido.

• No limita el número de plazas por propietario o comercializador (hay casos donde un solo comercializador alquila 730 viviendas). Recordemos que sólo el portal Airbnb, 20 comercializadores controlan el 17% de las 110.000 plazas ofertadas.

• Rebaja de 10 a 5 años la antigüedad mínima de la vivienda, que pasa a considerarse el umbral de consolidación de uso residencial.

• Permite la licencia en viviendas con expediente de disciplina urbanística abierto sin sanción firme.

• Dar potestad a los Consells para hacer excepciones a la prohibición de nuevas altas de viviendas residenciales comercializados turísticamente en suelo rústico protegido.

• Renuncia al 2x1 (dos plazas de baja por cada nueva plaza), única medida que permitiría un decrecimiento de plazas a largo plazo.

• Permite mezclar usos residenciales y turísticos dentro de los mismos espacios, lo que genera graves problemas de convivencia.

Sin embargo, vemos algunos aspectos positivos respecto de la situación actual:

• Clarifica y diferencia el alquiler turístico respecto del alquiler residencial, facilitando las tareas de inspección y sanción.

• Elimina la mayoría de excepciones a la adquisición de plazas.

• Las plazas turísticas concedidas a través de excepciones se agotarán en darse de baja. Donde más ha mejorado la norma, gracias a la presión de la sociedad civil, es en el concepto de vivienda.

• Reconoce el problema de la saturación y su relación con la especulación y el problemade acceso a la vivienda.

• Deja claro que el derecho a la propiedad privada de la vivienda está delimitado por su función social.

• Reconoce que la oferta ilegal reduce la oferta de alquiler residencial, que ha hecho aumentar los precios de la vivienda -alquiler y venta-, el fraude fiscal y los problemas de convivencia.

• Establece que el techo máximo de plazas o capacidad de acogida debería ser fijadode acuerdo criterios territoriales y ambientales.

• Permite a los ayuntamientos ser más restrictivos con el techos de plazas. Todo ello hace que la regulación que se pretende sea en gran medida una regularización de plazas existentes, una especie de amnistía, salvo las bajas que se puedan ir restando en el futuro.

Es decir, el techo no viene dado por razones ambientales o territoriales, sino por los hechos consumados y la falta de diligencia de los poderes públicos.

Esta regulación favorece la especulación, por no establecer un mínimo de antigüedad de la vivienda. Terraferida ya presentó una batería de alegaciones al anteproyecto de Ley del Turismo.

Lamentamos que ninguna de las medidas importantes que hemos propuesto no se hayan tenido presentes.