El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, Francisco Úbeda, ha sido claro y tajante al anular la protección del edificio de Gesa, un edificio al que califica poco menos que de mole carente de valor alguno.
El magistrado da una lección a todos los que clamaron por proteger esta construcción y les deja absolutamente claro que ni pertenecía al “movimiento moderno” en arquitectura, ni el hecho de que el arquitecto fuese mallorquín, avalan una protección que carece de todo sentido.
La sentencia es demoledora y pone en su sitio una decisión que no fue otra cosa que una “venganza política” de María Antonia Munar y que, a la postre, nos ha costado mucho tiempo y dinero y ha impedido la remodelación del frente marítimo.
Dice el juez que este edificio provoca una falta de cohesión urbana y, además, es peor que el proyecto que se diseñó. Un rosario de descalificaciones para quienes nos intentaron “vender” la moto del valor de esta mole supuestamente modernista, que en estos momentos no es más que un nido de degradación y que no merece otra salida que el derribo.
Pero, llegados hasta aquí, ¿quién asumirá las responsabilidades y los costes de esta decisión? ¿Lo pagarán de su bolsillo los mismos que la aprobaron o seremos todos los ciudadanos los que carguemos con el coste de los caprichos de los políticos? Esa es la gran cuestión.