Más en concreto, los asuntos ingresados en los órganos penales del archipiélago han pasado de 30.042 de enero a marzo de 2015 a 18.903 este ejercicio.
Se trata de unos datos que, según el informe, hay que interpretar teniendo en cuenta la entrada en vigor, el pasado 6 de diciembre, de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y, más en concreto, la modificación del artículo 284.2, que establece que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción.
Por su parte, en el orden social, los asuntos ingresados durante este periodo cayeron un 19,2 por ciento, pasando de 1.557 de enero a marzo del pasado ejercicio a los 1.258 del actual.
En las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, la tendencia difiere. Así, se registra un descenso de 209 casos sobre los 12.802 registrados en los tres primeros meses de 2015 en los juzgados civiles, y un aumento de 107 casos sobre los 381 asuntos del año pasado en lo contencioso-administrativo.
Mientras tanto, la tasa de litigiosidad de las islas se situó en el periodo analizado en 31,8 asuntos por cada 1.000 habitantes, solo dos décimas por debajo de la media estatal (32 x 1.000).