Las ayudas del Gobierno excluyen a sectores arruinados por la pandemia

El Gobierno ha querido presentar el plan como un rescate del tejido productivo español. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Un gran número de empresas se quedarán fuera del reparto de las ayudas, y ello por varias razones. La primera de ellas es que su número de CNAE, es decir, el epígrafe que tienen asignado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, no ha sido incluido en la relación publicada en el BOE y que recoge el tipo de oferta que tiene derecho a percibir estas ayudas.

Concretamente, el Gobierno ha reconocido el derecho a percibir estas prestaciones a un total de 95 tipologías de empresas. El resto, las que no forman parte de esta selección, se quedan fuera y no tendrán ninguna oportunidad de tomar parte en este paquete de ayudas, sin duda el más importante y cuantioso, especialmente en el caso de Baleares, de entre todos los que han aprobado las administraciones desde el inicio de la crisis sociosanitaria de la Covid 19.

Esta restricción en el acceso a las prestaciones en función del CNAE afecta a miles de empresas y autónomos en el conjunto de España, a pesar de que una parte considerable de este tejido productivo se ha visto seriamente afectado por la caída en picado de la economía a causa de las limitaciones impuestas por la pandemia.

SECTORES EXCLUIDOS

Ahí van ejemplos concretos de actividades que han quedado excluidas, algunas con un peso estimable en el conjunto del PIB balear: construcción y empresas anexas, peluquerías y centros de estética, academias de formación no reglada (como aulas para el aprendizaje de música o baile o para la enseñanza de idiomas), autoescuelas, floristerías, tiendas de souvenirs (que juegan un papel indispensable en la cadena de valor turístico en Baleares), comercios de decoración, talleres mecánicos y establecimientos de venta de repuestos para el automóvil, autónomos que se ganan la vida como cantantes o músicos (bien en solitario o formando parte de algún tipo de orquesta o grupo), productoras audiovisuales, empresas dedicadas a la limpieza de edificios, estaciones de servicio, perfumerías y tiendas de cosmética, agencias de publicidad, empresas textiles, empresas de transporte de mercancías, y autónomos que trabajan como representantes o agentes comerciales.

Al margen de las discrepancias expresadas por los sectores que se han visto excluidos de las ayudas, los representantes asociativos han hecho notar las aparentes contradicciones en las que ha incurrido el Gobierno a la hora de seleccionar las actividades que podrán recibir este apoyo económico directo.

Las tiendas de souvenir constituyen un buen ejemplo: el Ejecutivo subvencionará a gran parte de la oferta ligada al sector turístico a causa del parón registrado por la industria vacacional y, en cambio, deja fuera a un tipo de negocio que ha sufrido en igual medida las restricciones a la movilidad.

No es la única incoherencia que parece desprenderse de la lectura del texto publicado en el BOE. Así, mientras comercios que tuvieron que cerrar obligatoriamente sus puertas durante el confinamiento decretado tras el primer estado de alarma, en marzo de 2020, no tendrán derecho a solicitar las ayudas, otros negocios que permanecieron abiertos por el hecho de serles reconocida la consideración de actividades asistenciales, han sido incluidos por el Gobierno en el paquete de subvenciones.

Es el caso de los estancos, que tendrán la opción de tramitar las ayudas a pesar de que pudieron seguir con la barrera abierta en la época más dura del aislamiento. No ocurrió eso mismo con las floristerías, o las academias de idiomas, o las tiendas de decoración. Estos locales sí tuvieron que cerrar entonces, y, en cambio, no recibirán ayudas.

ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

Esa es una parte de la cuestión, la de los epígrafes CNAE incluidos y excluidos, pero ni mucho menos la única. La normativa sobre las ayudas recoge otros muchos aspectos ante las que asociaciones de autónomos y empresarios han mostrado su desacuerdo. Uno de ellos son las condiciones de acceso a las ayudas en función de las pérdidas acumuladas en 2020 en relación al ejercicio anterior, 2019.

Concretamente, la normativa dispone que el empresario o autónomo beneficiario ha de presentar una declaración fiscal donde quede constancia que la caída del volumen de negocio, a partir de la cuantificación de los pagos de IVA, arroje un saldo negativo del 30 por ciento. En otras palabras, si el solicitante ha perdido dinero durante el año de la pandemia, pero en una proporción menor (pongamos por caso, un 20 o un 25 por ciento), su situación contable seguirá siendo claramente adversa, pero, aún así, no podrá acogerse a las prestaciones del Gobierno central porque no llegará al porcentaje que exige la Administración.

Para el analista económico Carlos López Ensenyat, socio fundador de Value Group, una prestigiosa consultoría de Palma especializada en el asesoramiento a pymes, el criterio marcado por el Ejecutivo “supone un auténtico dislate”. En declaraciones a mallorcadiario.com, López Ensenyat ha subrayado que los resultados del ejercicio contable de 2019 “no deberían ser la única referencia que se tomara en cuenta para conceder las ayudas, porque entra dentro de las posibilidades que ese año en concreto una determinada empresa no hubiera obtenido beneficios, o el margen de ganancias se hubiera alcanzado cotas más bien bajas. Pensemos, sin ir más lejos, en los negocios que abrieron sus puertas en 2019. Durante el tramo inicial de puesta en funcionamiento de una actividad es lógico que los beneficios sean escasos, o incluso inexistentes, porque un negocio siempre necesita un colchón de tiempo para alcanzar niveles de rentabilidad apreciables”.

En este sentido, el socio fundador de Value Group ha apuntado que “si un peticionario cerró 2019 con un volumen escaso de ganancias, y luego, en 2020, a causa de la pandemia, los resultados fueron aún peores, se topará de bruces con el problema de que la actividad ha sido deficitaria, pero no lo suficiente, en comparación al año anterior, para ser compensado con las ayudas públicas. No parece tener demasiado sentido. El Gobierno debería haber abierto mucho más la horquilla, incluyendo un mayor número de ejercicios comparativos, y tener en cuenta también la peculiar situación de los negocios que iniciaron su actividad, precisamente, justo antes de la pandemia”.

DINERO PARA PAGOS FINALISTAS

Al mismo tiempo, la normativa que rige este paquete de subvenciones establece que el empresario o autónomo debe destinar íntegramente el montante del dinero que reciba a pagos finalistas, esto es, a la liquidación de deudas que pueda mantener con acreedores, proveedores, propietarios (en el caso de negocios ubicados en locales arrendados), bancos y entidades financieras. Tal como comenta Carlos López, “no puede quedar ni un solo euro en caja. Toda la ayuda ha de dedicarse a sufragar deudas y, en consecuencia, estas subvenciones no resolverán uno de los principales problemas al que se enfrentan hoy en día muchas empresas, como es la falta de liquidez derivada de la drástica disminución de los ingresos”.

Según este experto en el asesoramiento a pymes, a estos emprendedores ni siquiera les quedará la carta de recurrir a los bancos para solicitar créditos con los que obtener los recursos económicos que precisan para insuflar oxígeno a sus negocios, ya que, siguiendo su argumentación, las entidades financieras “han vuelto a cerrar el grifo de los créditos. En estos momentos, es un tipo de oferta que se halla casi completamente paralizado. Si, además, los bancos tienen la oportunidad de cancelar o reducir los débitos que les adeudan sus clientes empresarios gracias a las subvenciones del Gobierno, el resultado será que, después, esos empresarios no podrán formalizar otros préstamos para invertir en sus actividades, ya que serán los propios bancos los que les negarán esa posibilidad”.

RECURSOS PÚBLICOS PARA FINANCIAR A LOS BANCOS

En este sentido, López Ensenyat ha lamentado que “una vez más, como ya ha ocurrido en situaciones precedentes, el dinero público servirá para financiar a los bancos, y no a las empresas. Y en un contexto como el presente esta estrategia supone un gran error. Hemos de tener en cuenta que, actualmente, la posición de las entidades bancarias es apostar por el mercado hipotecario, no a los negocios. Ni siquiera el sector turístico, verdadero motor de la economía balear, se libra de esta especie de veto que los bancos han impuesto a la hora de dotar a las empresas de la financiación que necesitan. No lo reconocerán públicamente, pero la realidad es que si hace dos años, antes de la pandemia, los bancos tenían un gran interés en inyectar dinero a sociedades hoteleras y a la industria del turismo en general, ahora ocurre todo lo contrario”.

Paralelamente, el decreto sobre las ayudas directas del Gobierno contempla una clara limitación en cuanto al montante específico de estas prestaciones. Así, el empresario o autónomo que las tramite solo podrá disponer de un máximo del 40 por ciento no de las pérdidas acumuladas en 2020 respecto a 2019, sino del porcentaje que supere el 30 por ciento preceptivo.

Con un ejemplo se entenderá mejor: pongamos el caso de una empresa que, según consta en su declaración de IVA, facturó 100.000 euros hace dos años, y tan solo 20.000 euros al ejercicio siguiente (2020). Las cuentas reflejarán una pérdida del 80 por ciento, pero el primer tramo del 30 por ciento de caída de la facturación no será subvencionado, sino únicamente el 50 por ciento restante. Y, además, ese 50 por ciento (en números absolutos, 50.000 euros) será compensado no en su totalidad, sino en un 40 por ciento. En consecuencia, la percepción que se destinará a ese beneficiario será de 20.000 euros, a pesar de sus pérdidas ascienden a 80.000.

A este respecto, Carlos López Ensenyat ha indicado a mallorcadiario.com que las transferencias destinadas por el Ejecutivo “serán claramente insuficientes, y muy limitadas. En definitiva, una cortina de humo”.

MÁS TRABAJADORES, MENOS SUBVENCIÓN

El experto señala, además, otra razón por la que estas ayudas distan de ser la panacea que el Gobierno central pretende que sean: ese porcentaje del 40 por ciento mencionado en el ejemplo precedente únicamente se aplicará, tal como se recoge en la normativa, a las empresas que cuentan con menos de 10 trabajadores en plantilla. El resto de negocios, solo podrán aspirar a un baremo del 20 por ciento. Tomando una vez más como referencia el caso anterior, si el volumen de empleados de esa empresa beneficiaria fuera superior a la decena, no percibiría 20.000 euros, sino apenas 10.000 sobre unas pérdidas globales, como ya se ha dicho, de 80.000 euros.

En opinión de Carlos López Ensenyat, este criterio sobre el contingente de profesionales dados de alta en una determinada empresa “choca contra el sentido común. Da la impresión de que el Gobierno ha querido primar a los pequeños negocios, pero ha ajustado demasiado el perfil, porque una sociedad con 10 trabajadores, o 20, o 30, no puede ser considerada en absoluto una gran empresa, pero sí lo es para los que han elaborado este decreto”.

Las cifras, además, resultan elocuentes al respecto. Según explica este especialista consultado por mallorcadiario.com, “en España, únicamente el 31 por ciento de la oferta de empleo que se genera procede de empresas que cuentan con menos de 10 profesionales en su plantilla. El resto de las contrataciones, es decir, un 69 por ciento, son efectuadas por firmas o grupos cuyo volumen de empleados es más elevado. De ello hay que deducir que si el Gobierno pretendía, con estas subvenciones, dinamizar el mercado laboral, vuelve a equivocarse al establecer esta limitación en el acceso al montante de las ayudas”.

MÁS DE 40.000 EMPRESAS BENEFICIADAS EN BALEARES, SEGÚN EL GOVERN

En el caso concreto de Baleares, según la información facilitada por el Govern, las ayudas directas beneficiarán a 40.160 empresas de las islas, de las que 38.200 proporcionan trabajo a menos de 10 trabajadores. El Ejecutivo presidido por Francina Armengol ha defendido desde el primer momento la idoneidad de la medida adoptada por la Administración central, sobre todo por el trato especial dispensado a las islas en comparación con otras comunidades a causa del histórico desplome del PIB balear vinculado a la paralización de la actividad turística.

En cuanto al montante individual de las subvenciones, la normativa divide a los perceptores en dos grupos: los autónomos que tributan por módulos, cuyo límite se ha fijado en la cantidad de 3.000 euros, y el resto de autónomos y empresas, que accederán a ayudas de entre 4.000 y 200.000 euros. La fecha tope para tramitar las solicitudes expira el 31 de diciembre de este año.

Las dos comunidades insulares, Baleares y Canarias, recibirán la parte proporcional más importante de estas prestaciones arbitradas por la Administración central pero cuya distribución corre a cargo de las administraciones autonómicas. A ambos archipiélagos les ha correspondido una partida de 2.000 millones de euros (mil millones para Baleares y otros mil para Canarias) que constituyen, por así decirlo, la ‘parte del león’ del montante de 7.000 millones habilitados por el Gobierno que preside Pedro Sánchez para el conjunto del país en ayudas directamente vinculadas al rescate del tejido productivo español.

Precisamente, este pasado jueves, el pleno del Congreso de los Diputados apoyó el decreto de creación de este paquete de subvenciones directas por 177 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, UPN y Coalición Canaria), 59 en contra (Vox, JxCat y Foro Asturias) y 113 abstenciones (PP, Cs, PdeCat, PNV, BNG, CUP y EH Bildu). Ahora, la normativa será tramitada como proyecto de ley.

Durante el debate plenario, los grupos de la oposición echaron en cara a la coalición de gobierno PSOE-Podemos la “insuficiencia” de estas ayudas, principalmente por el hecho de que sólo podrán beneficiarse empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad y dejará fuera a sectores como peluquerías, autoescuelas o tiendas de souvenirs.

"NO ES UN DECRETO EFICAZ NI EFICIENTE"

A este respecto, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha considerado que el decreto no es "eficaz" ni "eficiente", ya que la crisis no ha afectado por igual a todos los sectores en todas las comunidades autónomas, al tiempo que existe el riesgo, a su juicio, de que ciertas actividades puedan ser "doblemente subvencionadas" mientras que otras podrían quedarse fuera de las prestaciones.

La representante de Cs María Muñoz centró sus críticas en que se haya esperado un año desde la irrupción de la pandemia para conceder estas primeras ayudas directas, cuyo sistema de reparto calificó de “ineficaz”, dado que, según sus cálculos, las transferencias no empezarán a concretarse hasta este verano.

Desde Vox, la diputada Patricia Rueda denunció que el texto establece "tantos condicionantes", entre los que destacó la obligatoriedad de mantener la actividad hasta junio de 2022, que será "prácticamente imposible" que muchos negocios puedan beneficiarse de las ayudas.

Por parte del Gobierno, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió desde la tribuna de oradores este fondo de ayudas porque, tras el daño "significativo" causado por la pandemia, "tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos".