Está llamada a ser la puerta de entrada a la sanidad pública, con un papel determinante en la prevención del empeoramiento de cuadros clínicos que saturen el sistema, pero los especialistas alertan de que la Atención Primaria se encuentra en la UCI en todo el país, y muy especialmente en Baleares y Madrid.
Según el último informe "La Atención Primaria en las comunidades autónomas" de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Atención Primaria ha pasado de ser la "hermana pobre" a la "hermana paupérrima" del sistema sanitario, con problemas de infrafinanciación "gravísimos", demoras en las citas "intolerables" y enormes desigualdades entre comunidades, algunas en una situación "crítica" e incluso "intolerable" como es el caso de las islas, marcadas en rojo.
El documento -que mide la evolución de la financiación y el gasto sanitario, los recursos, la actividad, el gasto farmacéutico por recetas y la opinión de la ciudadanía sobre este nivel asistencial- concluye que Atención Primaria ya empezó la pandemia "muy debilitada" por los recortes y con la crisis del coronavirus, la situación se ha agravado de manera preocupante, "evidenciando un escenario crítico", tal y como apunta el portavoz de la federación, Marciano Sánchez-Bayle.
Pero, en cifras: ¿Cuánto gastaron las comunidades en 2019, el último año consolidado disponible, en este capítulo? De promedio, el 14,16 por ciento del gasto sanitario público, una cifra 0,24 puntos superior a la de 2018 -sube en todas las comunidades menos en Castilla-La Mancha, Asturias y Madrid- pero aún 0,74 puntos por debajo de 2010. O lo que es lo mismo: se dedica menos dinero hoy a Atención Primaria que hace 12 años, cuando la población estaba menos envejecida que ahora y, por tanto, con menor probabilidad de enfermar.
La comunidad que más desembolsó fue Andalucía (18,01 por ciento), seguida de Extremadura (16,16) y la Comunidad Valenciana (15,09).
Por contra, Baleares y Madrid son las que menos destinaron, con un 11,21 por ciento de su presupuesto sanitario, seguido de Asturias (11,95 ) y Galicia (11,96).
Otro sistema para medir la apuesta de las comunidades en Atención Primaria es el gasto por habitante, y en este sentido cabe señalar que se ha producido un pequeño aumento (de 4,28 euros hasta llegar a los 211) en todas las comunidades, menos en Baleares, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha.
Así pues, las islas también suspenden en esta métrica, con 174,05 euros por residente, sólo superadas por Madrid que se queda en 150,08 euros, lo que supone un tijeretazo de 60,93 euros respecto al año anterior. Estas diferencias, según la federación, llevan "inevitablemente" a "grandes desigualdades en las prestaciones de Atención Primaria".
Las comunidades que sí se esfuerzan en hacer los deberes son las diez que superan la media: Extremadura (272,48 euros por habitante); País Vasco (267,84); Castilla y León (262,45); Navarra (250,71); Cantabria (230,18); Murcia (229,32); Andalucía (227,16); Comunidad Valenciana (223,03); Aragón (214,66) y La Rioja (217,97).
Comparando, se constata una diferencia de casi 100 euros por habitante entre los extremeños y los baleares o de casi 90 entre los vascos y los residentes de las islas.
¿Y cuánto han presupuestado este año? Lo primero, hay que tener en cuenta que se trata de presupuesto y no de gasto real, que suele acabar siendo mayor. Los datos tienen otra limitación, y es que los de Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco no están desagregados para este nivel asistencial.
Bajo estas premisas, la FADSP ha observado un crecimiento del 0,77 sobre el gasto de 2019, hasta llegar al 14,93 por ciento de media nacional. Pero no de forma homogénea, si bien la Federación advierte de que la densidad de población, la dispersión o el envejecimiento impone costes distintos de la asistencia sanitaria.
Así, los porcentajes se mueven entre el 17,1 por ciento de Extremadura, la que más dedica a la atención primaria en sus cuentas de 2022, y el 10,73 por cien de Madrid, la que menos, seguida, una vez más por el archipiélago balear, con un 12 por ciento.
Por encima de la media, Cataluña (16,8 %); Castilla y León (16,25 %); Cantabria (16,18 %); Asturias (16,14 %); La Rioja (15,36 %); Navarra y Andalucía (ambas 15,27 %).
Llegados a este punto, los especialistas de Atención Primaria recuerdan la importancia de su papel en la gestión sanitaria, y muy especialmente durante la pandemia.
Una vez superadas las olas iniciales del coronavirus que colapsaron los hospitales por los cuadros agudos de los pacientes, los centros de salud se convirtieron en la punta de lanza de lucha contra la pandemia, en las tareas de detección, seguimiento de casos y vacunación. Y todo ello sumado a su labor diaria en otros ámbitos.
Así pues, el primer año de la pandemia -2020- se saldó con un aumento en el número de Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI) por profesional de medicina de familia y de enfermería y un descenso por pediatra y administrativo.
La ratio nacional de TSI en medicina de familia fue de 1.345, tres más que en 2019, aunque se mueven entre las 909 de Castilla y León y las 1.538 en Madrid.
De hecho, la situación en esta comunidad es "difícilmente tolerable" e incluso "escandalosa" con el 47,5 % de profesionales con entre 1.500 y 2.000 pacientes asignados y un 6,07 % por encima de esa cifra, aunque aún lo es más en Baleares, donde esas cifras se disparan al 74,2 por ciento y 9,5 por ciento, respectivamente.
Por el contrario, la ratio por pediatra ha descendido de 980 a 967, aunque en este caso es achacable a la disminución de la población infantil, lo cual no impide que hayan subido en Asturias, Canarias, Galicia, Baleares y Madrid, con estas dos últimas en cabeza junto a Cataluña.
Respecto a los profesionales de enfermería, se mantiene la "anomalía española" de tener ratios más elevadas que en medicina; en 2020 se produjo un ligero aumento a 1.509, desde las 1.988 de Madrid a las 1.094 en La Rioja.
Sin embargo, junto con la sobrecarga, también fue al alza el número de consultas hasta llegar a 379.138.412 en 2020 (un 12,58 % más), aumento que se produce en las consultas de medicina y de enfermería (4,01 % y 2,24 %).
Especialmente preocupantes son las demoras en las citaciones: un 41,5 por ciento recibían su atención después de 48 horas y un 34,7 por cien en 7 o más días, una situación que alcanzaba "valores escandalosos" en Cataluña y Valencia (77,7 % y 57,3 %, respectivamente, la primera, y 87,3 % y 41,5 % la segunda).
Con lo que "lógicamente, la mayoría de la población (el 69,6 %) estaba descontenta con la demora en la asistencia", a la que se une un "porcentaje excesivo" de los que esperan más de una hora antes de ser atendidos (27,7 %).
A pesar de todo, la valoración que hace la ciudadanía del primer nivel asistencial es buena, un notable (7,29) que también tienen los profesionales de medicina (7,78) y de enfermería (7,77) y que se refleja además en el porcentaje que valoró en el último CIS como buena o muy buena la atención recibida (87,2 %).
¿Y cuál es la solución de Baleares al atasco y respuesta de Atención Primaria? La construcción de nueve centros de salud que ha desatado una guerra con los pequeños y medianos constructores de las islas.
El Govern autorizaba el pasado mes de octubre una inversión de 86,5 millones de euros para la puesta en marcha de estas obras que afectarían al centro de salud y SUAP de Bons Aires, en Palma; los centros de salud de Trencadors (en s'Arenal), Son Ferriol (Palma), Nuredunna (Artà) y Pollença; así como a las unidades básicas de salud UBS de Consell, Montuïri y Selva.
Sin embargo, la fórmula escogida por el Ejecutivo para licitar la construcción en una sola concesión levantó ampollas entre los empresarios de Baleares, que le acusaban de favorecer a las grandes constructoras de la Península frente a los intereses de los 'autóctonas'.
La patronal Pimem llevó ante los tribunales la concesión única y estos acabaron de darle la razón, forzando al Govern a plantear la construcción por bloques.
Así pues, Mallorca estrenará centros de primera atención sanitaria pero deberá esperar, al menos dos años, para verlos en marcha.
Por último, y en cuanto al gasto farmacéutico -que no está desagregado pero depende mayoritariamente de AP, aunque la primera receta del especialista debe de computarse en Atención Especializada-, aumentó un 17,73 % entre 2014 y 2020.
El gasto por habitante fue 247,9 euros por habitante y año de promedio, 14,5 euros más que el año anterior. El incremento se dio en todas las autonomías menos País Vasco, y fue mayor en Andalucía (31,7 %), probablemente ligado a la desaparición de las subastas de medicamentos.
Todo ello hace concluir a la FADSP que la Atención Primaria ha pasado de ser la "hermana pobre a la hermanda paupérrima" del Sistema Nacional de Salud, con un problema de "infrafinanciación gravísimo" y unas demoras "incompatibles con una Atención Primaria de calidad".
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