Corrupción

Baleares se ha comprometido a crear un canal externo de denuncias tras la desaparición hace un año, en virtud de la ley autonómica que regula la declaración de patrimonio y de actividades de los cargos públicos, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

En una reciente entrevista en exclusiva a mallorcadiario.com, Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha reafirmado su compromiso con la confidencialidad inherente a su antiguo cargo, especialmente en relación con asuntos sensibles como el Caso Villarejo y la supuesta relación entre Corinna Larsen y el Rey Emérito Juan Carlos I.

El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto llevar a juicio al expresidente de la RFEF, Ángel María Villar, por presuntos delitos de administración desleal y corrupción. Villar habría favorecido económicamente a su hijo Gorka mediante comisiones de partidos amistosos, causando un perjuicio de 4,5 millones de euros a la Federación.

El Partido Popular (PP) ha denunciado en el pleno del Parlamento Europeo la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de atacar a los jueces que investigan los casos y de vulnerar el Estado de Derecho en España. Durante un debate sobre la corrupción en el sector público, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, ha calificado al Ejecutivo español como un “foco de corrupción que amenaza con dinamitar el Estado”.

Victor de Aldama vuelve a escena y pretende demostrar la culpabilidad de los diferentes implicados en el ‘caso Koldo’. En este caso la defensa de Aldama ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que señala a José Luis Ábalos.

El exconseller de Turismo Carlos Delgado ha negado este lunes, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial por la adjudicación del puerto deportivo de Calanova en 2013, haber maniobrado para favorecer a la sociedad Port Olímpic, de la que era socio y administrador un abogado y amigo suyo. Delgado ha defendido la legalidad del proceso asegurando "que volvería a hacer exactamente lo mismo".

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, de la Secretaría General de Presidencia, comunicó a Pilar Suárez-Inclán de Reale seguros que Begoña Gómez deseaba que continuasen como patronos de su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Así consta en un mail incorporado al sumario judicial por corrupción y tráfico de influencias que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La asociación Avanza en Libertad, liderada por dos diputados y un exdiputado de Vox, denuncia ante Fiscalía un posible fraude de más de dos millones de euros en la compra de material sanitario por el anterior Govern de Francina Armengol durante la pandemia. Se denuncian delitos como malversación y prevaricación, entre otros.

El 17 de agosto de 2020, un asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, dirigió un mensaje de whatsapp a la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol. Este mensaje, que ha sido revelado a través de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), forma parte de una investigación en curso en la Audiencia Nacional sobre un presunto caso de corrupción que involucra a altos cargos socialistas del Ministerio de Fomento y empresarios.

La vista previa por el caso Calanova se ha saldado este jueves en la Audiencia Provincial sin acuerdo y el exconseller de Turismo Carlos Delgado y el resto de acusados serán juzgados a partir del próximo 25 de noviembre.

En el mapa político balear, Unió Mallorquina (UM) podría haber sido un referente positivo en el ámbito del regionalismo y del nacionalismo moderado, algo que sí fue al principio, pero con el tiempo se acabaría convirtiendo en una formación sin una ideología definida, cuya única razón de ser parecía ser ya sólo intentar detentar siempre parcelas de poder, para que algunos de sus dirigentes más destacados y de sus militantes más acríticos consiguieran, a través del clientelismo, su propio enriquecimiento personal.

El ‘caso Puertos’ está casi listo para ser juzgado en la Audiencia Provincial. En breve se dictará auto de apertura de juicio oral, tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y la presentación del escrito de acusación provisional. Este presunto caso de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), corresponde a una serie de irregularidades y presuntos delitos cometidos entre los años 2015 y 2020 en el seno de la APB, con supuestos amaños de concesiones portuarias en Ibiza y Maó.

La magistrada Martina Mora, instructora del 'caso Puertos' abre la puerta a enviar a juicio a exaltos cargos y otras 14 personas, entre los que están Joan Gual de Torrella, y los socialistas Rafa Ruiz y José María Costa, por presunto amaño de contratos públicos en el caso Puertos. La jueza aprecia delitos de prevaricación, fraude a la administración, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía Europea investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por posibles irregularidades en contratos vinculados a fondos europeos. Agentes de la Guardia Civil requisaron documentos relacionados con la investigación en la sede de Red.es. La Universidad Complutense de Madrid ha retirado el máster que codirigía Gómez y se espera que se aclaren las irregularidades y las consecuencias legales para los implicados. En un mitin en Málaga, Gómez fue aclamada por los asistentes y el presidente mencionó el caso de Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación, como víctima de ataques políticos.

La Audiencia de Madrid respalda la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por corrupción y tráfico de influencias. La sala critica la actuación de la Fiscalía y rechaza archivar el caso. El juez ha citado a seis testigos para avanzar en la investigación.

El fiscal Juan Carrau ha rebajado su petición de condena para el empresario del ocio nocturno Miguel Pascual, los policías locales y el funcionario municipal acusados de formar parte de una trama corrupta en Playa de Palma, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el retraso para tramitar este proceso judicial.

Dos agentes de la UCO se presentaron en julio de 2022 en la sede del IB-Salut con una orden judicial para obtener información sobre un contrato de 3,7 millones de euros entre el Gobierno y la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL. El director de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud, Manuel Palomino, entregó la documentación requerida, que fue copiada en un pendrive por los agentes. Esto sugiere que el Govern de Francina Armengol estaba al tanto de la investigación desde esa fecha.

El 7 de julio de 2023, Marga Prohens tomó posesión como presidenta del Govern de les Illes Balears. Hasta el día antes, el Govern no tramitó la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL por el flete de un avión con mascarillas quirúrgicas que no eran las FPP2 encargadas. Así, el Ejecutivo de Francina Armengol tardó más de tres años y dos meses en reclamar a la empresa contratista del asesor del exministro y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos.

El Govern de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, adjudicó a dedo en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas SL, un total de 3.701.500 euros para comprar mascarillas FPP2 durante la pandemia por la Covid-19, por el procedimiento de emergencia y sin concurso. La empresa, inactiva en años anteriores, facturó más de 53 millones de euros en 2020 vendiendo material sanitario al Gobierno de España y gobiernos autonómicos del PSOE, como los de Baleares y Canarias. La Audiencia Nacional ha ordenado 20 detenciones y registros domiciliarios en el marco de una investigación por presunta corrupción. Uno de los arrestados es Koldo García Izaguirre, asesor y mano derecha del exministro de Fomentoy exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha sido detenido en una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Se investiga la adjudicación de contratos relacionados con la lucha contra la Covid-19 por parte de varias administraciones, incluída la Comunidad Autónoma de Baleares, con un valor estimado de más de 50 millones de euros.