Okupas de la antigua cárcel rechazan la orden de desahucio voluntario y retrasan el desalojo

El pasado sábado 22 de marzo finalizó el plazo de diez días naturales que el Ayuntamiento de Palma otorgó a los ocupantes de la antigua cárcel para abandonar voluntariamente el recinto. Sin embargo, el desalojo forzoso aún no se ha activado. El proceso de desahucio, según Cort, se encuentra en fase administrativa, ya que algunos moradores todavía no han recibido la notificación oficial de desalojo.

Según fuentes del gobierno municipal consultadas por mallorcadiario.com, las autoridades locales continúan identificando a los inquilinos de Sa Presó y entregando nuevas actas de requerimiento de desalojo voluntario. Estas identificaciones sirven también para poner en conocimiento de los Servicios Sociales la situación de estas personas.

El nombre exacto de cada uno de esos documentos es el de 'Acta de requerimiento policial para el cese voluntario de una ocupación ilegal de bienes públicos'. Tal como consta en cada acta, en este caso concreto se está aplicando la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que en su artículo 55 especifica que "las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio".

En la citada acta también se informa a los interesados de que "ante el incumplimiento de lo ordenado, se iniciará un procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad posesoria y, en caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación del bien o derecho", de acuerdo con la normativa legal actualmente vigente. El requerimiento concluye recordando que la desobediencia o la resistencia a la autoridad en esta situación podría ser sancionada con multas de entre 601 euros y 30.000 euros.

TESTIMONIOS PERSONALES

Este digital ha vuelto a acceder, dos semanas después, a la antigua cárcel de la ciudad y ha hablado con varios de sus ocupantes. Antes de entrar, nos encontramos con Luisa, una mujer de etnia gitana que conduce un carrito de la compra en los aledaños de Sa Presó.

Acompañada por su hija, nos explica que el pasado 12 de marzo la Policía Local de Palma desplegó un operativo en el que hizo entrega a los okupas de una notificación instándoles a abandonar el inmueble. Luisa recibió dicho requerimiento, pero se negó a firmarlo. "Yo no firmé, pero es verdad que sí firmaron otros muchos, pues a veces las personas tenemos la manía de firmar documentos sin haberlos leído antes", indica.

En contraposición, John, un inmigrante de origen subsahariano que habita en la zona donde antes residían los funcionarios de Sa Presó, ha declarado a mallorcadiario.com que él sí firmó el acta de requerimiento de desalojo voluntario. "Yo ya estoy buscando otro sitio al que poder ir", anuncia.

Pero más allá de esta notificación recibida por agentes del cuerpo municipal de policía, John asevera que el consistorio no se ha vuelto a poner en contacto con él ni con otras personas en su misma situación para ofrecerles alternativas. Según sus cálculos, el desalojo definitivo podría prolongarse varias semanas.

Nada más entrar en la antigua cárcel, encontramos a un grupo de ocho personas recibiendo agua mineral embotellada, zumos y galletas por parte de un equipo de la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES), un servicio del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que gestiona Cruz Roja. La UMES asesora además a las personas que solicitan su ayuda para iniciar procesos de inclusión social y socorre asimismo a las personas sin hogar o que viven en la calle.

En el caso concreto de Sa Presó, la UMES está acudiendo de manera periódica a dicho inmueble, para hacer un seguimiento de las personas que desde hace algunos meses o incluso varios años se encuentran morando en su interior.

"Vienen aquí bastante seguidito y nos ayudan también en temas de papeleo", indica Brian, que es una de las personas que esta mañana están recibiendo la citada ayuda. Se trata de un joven de origen colombiano que habita en una de las torres de vigilancia y que hace un par de semanas firmó el requerimiento de desalojo voluntario.

En las inmediaciones se encuentra otro joven, Lalino, en este caso de nacionalidad dominicana, que señala que es peluquero de profesión y que ahora mismo él no está pernoctando en la antigua prisión. "La situación aquí es caótica y si la Administración no hace algo pronto, aún empeorará más", comenta. Asimismo, afirma que hay muchos menores de edad viviendo en este espacio. "Sus padres no se están haciendo cargo de ellos", lamenta.

FUTURO INCIERTO

A continuación, dos jóvenes argelinos que residen en Sa Presó nos confirman que han recibido el mencionado requerimiento, si bien sólo uno de ellos lo rubricó. Al mismo tiempo, corroboran que hay personas de varios países viviendo en el inmueble, entre ellas algunas naturales de Marruecos. Cada comunidad vive en un bloque específico de la antigua prisión, por lo que no hay un excesivo contacto entre unas y otras.

El número exacto de personas que permanecen de manera estable en el lugar sigue sin confirmarse, pero se estima que podrían ser en torno a 200 personas o incluso más. La negativa de algunas de ellas a abandonar este enclave y las denuncias sobre las precarias condiciones de vida hacen que el conflicto siga abierto y sin una solución inmediata a la vista.

En la práctica totalidad de las antiguas dependencias se evidencia su insalubridad extrema, con basura acumulada en la mayoría de accesos, patios y habitáculos, lo que representa otro problema añadido en el marco de una situación social ya de por sí muy delicada.

"NO SE DESCARTA EL DESALOJO FORZOSO"

Por lo que respecta a la vertiente estrictamente legal, desde el Ayuntamiento de Palma han reiterado que aún quedan ocupantes sin notificación oficial de desalojo, motivo por el cual no se ha recurrido a la vía policial. No obstante, una vez completado el proceso administrativo, podría iniciarse un procedimiento judicial para proceder al desalojo forzoso.

Así lo ha confirmado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal. Preguntada sobre si se descarta la opción de desalojar de manera forzosa a los moradores del inmueble, la regidora ha sido tajante: "Evidentemente no se descarta de ninguna manera".

"En el momento en el que sea necesario desalojar, se desalojará", ha manifestado, aunque no ha detallado cuándo podría llevarse a cabo esta acción. Por el momento, ha añadido, "no hay una comunicación oficial por parte del Patrimonio para que se produzca el desalojo".

Mientras tanto, el consistorio sigue adelante con su objetivo de recuperar la propiedad del inmueble, lo que permitiría poner en marcha varios proyectos pendientes, incluyendo una rotonda y un nuevo acceso a la Vía de Cintura promovido por el Consell de Mallorca. En cualquier caso, ahora mismo la prioridad máxima del equipo de gobierno municipal es poder ofrecer lo antes posible una solución legal y social plenamente satisfactoria.