La iniciativa votada este miércoles tiene como origen de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP y que considera "de justicia" y de "sentido común" equiparar a la Policía Nacional y la Guardia Civil con otras profesiones que ya han sido declaradas de riesgo, como las policías locales, la Ertzaintza o los bomberos.
El texto recuerda que policías nacionales y guardias civiles pueden solicitar la jubilación con treinta años de servicio y una edad de sesenta años, "con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo, de igual manera que sucede con el resto de funcionarios pertenecientes a clases pasivas". Pero los policías locales y los policías autonómicos "pueden solicitarlo a los 59 años, sin pérdida de poder adquisitivo"
Invita también la PNL a tener en cuenta "la degradación en las condiciones de calidad de vida y la peligrosidad, unida a la ruptura en los últimos años de la condición de agente de la autoridad, lo que comporta que --de media en España-- cada día sean agredidos 30 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según datos del Ministerio del Interior".
La iniciativa subraya que "en 2023, policías y guardias civiles sufrieron 1.400 agresiones al mes, después de tres años con incrementos superiores al 8 por ciento. En concreto, en 2020 se contabilizaron 13.671 agresiones, 15.360 en 2021 y 16.651 en 2022".
Por todo ello, la PNL, que ha sido defendida por el diputado 'popular' Rafael Nadal, insta al Gobierno de España a declarar como profesión de riesgo la de Policía Nacional y la de Guardia Civil, a la vez que pide "realizar las modificaciones legislativas oportundas para posibilitar la jubilación anticipada digna a quienes así lo deseen".