Solo 900.000 de entre 3,3 millones de personas sin recursos perciben ayudas en España

En cualquier caso, la cifra del INE no es la única que muestra la realidad de muchos hogares del país. Los directores de Servicios Sociales apuntan que, con los indicadores europeos (Tasa AROPE) en la mano, la cifra de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España es de 12,4 millones, y cifra en 4,6 millones los españoles que viven en hogares donde ningún miembro de la familia tiene empleo o, si ese trabajo existe, se desarrolla en condiciones muy precarias.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la entidad ha explicado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas de emergencia social que ofrecen, fundamentalmente, los ayuntamientos, son los recursos que en la actualidad tienen a su alcance estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas.

ENTRAMADO "BUROCRÁTICO, INNECESARIO Y CRUEL"

"Ya hemos denunciado reiteradamente el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias percibir el IMV, de manera que esta prestación sólo llega a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, frente a los 850.000 hogares que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores", han señalado los directores de servicios sociales.

En este sentido, han destacado que los presupuestos municipales para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar...) de las familias más vulnerables, se han incrementado hasta un 30 por ciento en algunos casos, aunque, según han apuntado, "los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas".

DOS MESES PARA CONCEDER UNA AYUDA

A este respecto, han lamentado que "hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses a dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes". A su juicio, la estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, "es una de las causas de esta situación" y, por ello, propone "modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa".

"Planteamos la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y el pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales", concluyen en su declaración.