"Me obligan a hacer de cajera del Govern": el 'vía crucis' burocrático de los perceptores de la renta social

Mari Carmen (nombre supuesto por el que, atendiendo a su legítimo deseo de privacidad, nos referiremos al testimonio recogido por mallorcadiario.com) empezó a cobrar la Renta Social Garantizada (Resoga) en el verano de 2019. Esta prestación procedente del Govern, a través de la Conselleria de Afers Socials i Esports, ascendía entonces a 459 euros, si bien se ha anunciado una pequeña subida hasta los 469 euros. Aproximadamente, medio año más tarde, esta perceptora, residente en Palma, recibió una comunicación de la Administración autonómica instándole a que tramitara la solicitud de concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un recurso puesto en marcha por el Gobierno central con el objetivo de cubrir las necesidades prioritarias de los sectores más vulnerables de la población.

El funcionario que se puso en contacto con Mari Carmen le explicó que la petición del IMV era de “obligado cumplimiento”, incluso en los casos en que ya se está percibiendo el Resoga de forma regular y estable. No obstante, y pese al requerimiento de Afers Socials, la solicitud registrada por Mari Carmen para hacer efectivo el cobro del IMV resultó denegada. Así se lo notificó la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de una carta, fechada el 22 de abril de 2021.

En el escrito, el Ministerio alegaba que la interesada no podía acceder a la prestación del IMV por "haber formado parte de otra unidad de convivencia” durante el plazo de un año, una situación que, por otra parte, “no se ajusta a la realidad”, según ha indicado la propia Mari Carmen a mallorcadiario.com.

EN RIESGO DE VER CUESTIONADA LA RENTA SOCIAL

Preocupada por la situación, ante el temor de que esta denegación pudiera condicionar la continuidad de la paga del Resoga, esta ciudadana se dirigió nuevamente al Govern para darles cuenta de la resolución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde la Administración balear, se le aseguró que, independientemente de la determinación adoptada en torno al pago del IMV, seguía teniendo plenamente garantizada la percepción de la paga de la Resoga.

Aún así, existía un problema: si Mari Carmen quería evitar cualquier posibilidad de interrupción del cobro de la renta social adjudicada por el Govern, tenía que presentar, inexcusablemente, una reclamación ante la Administración central en torno a la denegación del IMV. De no hacerlo, la prestación de la Resoga “le podría ser cuestionada”, según le apuntaron desde el departamento de Afers Socials.

Siguiendo estas instrucciones, Mari Carmen presentó la mencionada reclamación con fecha de 18 de mayo de 2021, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y quedó a la espera de la respuesta pertinente mientras, por otro lado, seguía percibiendo la paga de la Resoga.

No se produjeron más novedades hasta la primera semana de noviembre, cuando Mari Carmen recibió una llamada telefónica de la Conselleria de Afers Socials, interesándose por si, finalmente, había presentado la reclamación. Al contestar que, en efecto, ya había efectuado este trámite, la Administración autonómica le reclamó que hiciera acto de presencia en las oficinas del servicio de tramitación de la renta social del Govern para presentar las pruebas documentales de su alegación con el objetivo de que se pudiera tener constancia fehaciente de su existencia. No solo eso, sino que, además, le conminaron a tramitar nuevamente la solicitud de la paga de la Resoga que ya estaba percibiendo desde el verano de 2019.

LA SEGURIDAD SOCIAL ACEPTA LA RECLAMACIÓN SOBRE EL IMV

Todo ello sucedió apenas unos días antes de que, el 15 de noviembre, la perceptora recibiera una notificación del INSS dándole cuenta de que su reclamación sobre la denegación del IMV había sido considerada favorablemente y que, por tanto, tenía derecho a cobrar la prestación que, en un primer momento, no le había sido concedida.

El INSS informó también a Mari Carmen de que el reconocimiento de la percepción abarcaba desde el 7 de octubre de 2020 y que, en consecuencia, se le iban a ingresar todas las cantidades económicas correspondientes a este periodo. Nada más recibir esta comunicación oficial, la usuaria se dirigió de nuevo al departamento de Afers Socials del Govern para actualizarles toda la información relativa a su situación.

La respuesta del funcionario dejó boquiabierta a Mari Carmen: por una parte, le confirmó que, efectivamente, el INSS le iba a ingresar ese dinero y que, además, la liquidación se llevaría a cabo en un solo pago; y, por otro lado, que no debía gastar esa cantidad, ya que, en un momento determinado (no especificó cuándo) el Govern se lo iba a reclamar para que procediera a su devolución.

"ME OBLIGAN A HACER DE CAJERA"

En otras palabras, como ha contado Mari Carmen a mallorcadiario.com, la Administración le está obligando a “hacer de cajera. Ellos me ingresan un dinero que debo retener y no gastar bajo ningún concepto, y que les tengo que reintegrar en cuanto me lo soliciten, que puede ser hoy, mañana, la semana que viene, dentro de un mes o el próximo año. Nadie lo sabe, ni me han sabido precisar algún tipo de plazo de espera”.

En este nuevo escenario, Mari Carmen ha pasado a ser perceptora de dos administraciones diferentes. Por una parte, cobra una prestación de 280 euros correspondiente al Ingreso Mínimo Vital y que procede del Instituto Nacional de Seguridad Social; y, por otra, la cantidad que resta hasta alcanzar los 469 euros que ha venido percibiendo hasta ahora como usuaria de la Resoga, le será dispensada por el Govern.

Ahí no se acaba el galimatías administrativo y burocrático al que las instituciones están sometiendo a esta ciudadana de Palma. ¿Se acuerdan de que, en su momento, Afers Socials le había comunicado que debía tramitar, por segunda vez, la Resoga, a pesar de que ya la estaba percibiendo reglamentariamente? Pues bien, en una nueva comunicación, el funcionario le informó de que esa reclamación no habría sido necesaria. “La Administración me pide que reclame, y luego esa misma Administración me dice que no debería haberlo hecho. La verdad es que no entiendo nada”, señala Mari Carmen.

MENOS DINERO POR UN ERROR ADMINISTRATIVO

En esa misma conversación con el representante de Afers Socials, Mari Carmen se enteró de que la paga del mes de diciembre sería menor a las otras por un error del propio departamento. Más tarde, le reintegrarán esta cantidad no percibida, pero, como afirma la interesada, “estas equivocaciones no deberían producirse cuando se trata de prestaciones tan bajas que apenas permiten subsistir. Pagar 20, 30 o incluso 50 euros menos en un sueldo normal, de, digamos, unos 1.500 euros, tal vez no conlleve perjuicios importantes. Pero cuando hablamos de ingresos de algo más de 400 euros, cualquier cantidad que se descuente supone un inconveniente muy serio para quien lo sufre. Las Administraciones deberían ser más cuidadosas con estos trámites, porque la subsistencia de muchas personas depende de que desde las oficinas se hagan las cosas bien”.

A todo este ‘vía crucis’ cabría añadir otras muchas situaciones, igualmente enrevesadas. Por ejemplo, las dificultades a la hora de conseguir cita y la gran cantidad de tiempo que el usuario debe invertir para lograr se le atienda. Según relata Mari Carmen, “las tramitaciones pueden llegar a ser desesperantes. Te pasas minutos y horas en el teléfono tratando, simplemente, de que te concedan una fecha y una hora. En el INSS, sobre todo, este proceso puede prolongarse indefinidamente, porque su número de teléfono de atención al público está comunicando en todo momento”.

COMPATIBILIZACIÓN DE LAS AYUDAS DE LOS DEPENDIENTES CON IMV

Entretanto, desde el Govern, la consellera de Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha celebrado, recientemente, el hecho de que el Ejecutivo central haya atendido la demanda de la Administración autonómica balear de que las ayudas económicas de dependencia no reduzcan el importe del Ingreso Mínimo Vital,

Hasta ahora, estos emolumentos se descontaban y la Renta Social Garantizada los complementaba, según Afers Socials. Así sucede, siempre siguiendo la exposición del Govern, en el caso de 933 perceptores del IMV, entre los que hay usuarios con dependencias que perciben ayudas económicas.

Concretamente, el BOE recogió, poco antes de la finalización del pasado año, una actualización de la legislación concerniente al IMV, que establece mejoras respecto al Real Decreto que regulaba hasta ahora esta prestación. Entre las modificaciones, cabe resaltar la reivindicación balear de que las ayudas económicas que reciben las persones dependientes y que son perceptoras del IMV quedan exentas y no computen al calcular la prestación.

Hasta hace muy poco tiempo, los dependientes con ayudas económicas y que recibían el IMV veían recortado su importe, porque estas ayudas eran computadas como ingresos económicos. En cambio, desde la entrada en vigor de la Ley publicada en el BOE, estas ayudas económicas estarán exentas, tal y como ya contempla la Renta Social Garantizada de Baleares para sus perceptores.

TRATO DISCRIMINATORIO

Este recorte que debían afrontar los beneficiarios del IMV que recibían ayudas económicas por su grado de dependencia se consideraba un trato discriminatorio que la Conselleria de Afers Socials paliaba con la Renta Social Garantizada mediante el pago de un complemento.

En Baleares, hay 19.005 perceptores de una ayuda económica vinculada a su situación de dependencia. A partir de esta modificación, la población económicamente vulnerable que necesite cobrar el IMV ya no verán reducido su importe por percibir la prestación por dependencia.

Los datos de la Conselleria de Afers Socials no permiten conocer con exactitud el número de ciudadanos a los que beneficia esta nueva disposición. No obstante, el departamento autonómico ha comunicado que, a través de la Renta Social Garantizada, se complementa la cuantía a 933 perceptores del IMV por diferentes conceptos que el Gobierno central contempla como ingresos y que los descuenta a la hora de fijar la cuantía entre ellos las ayudas de dependencia. Estos 933 usuarios forman parte del contingente de 4.238 titulares que, el pasado diciembre, se hallaban en la nómina de la RESOGA.

Para la representante del Govern, Fina Santiago, resultaba "muy injusto que a una persona que cobra una ayuda que tiene carácter finalista, porque ha de atender a alguien con una dependencia en su casa y necesita mucha más ayuda, se le contabilice como un ingreso de un sueldo". "No es lo mismo. Este dinero no se tenía que computar, como no se computa en nuestra Resoga", destacó Santiago.