Desmantelamiento de las rentas de inserción a causa del Ingreso Mínimo Vital

Un análisis realizado por esta asociación revela que Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León redujeron sus presupuestos para este fin en torno al 50 por ciento o más y que, aunque algunas destinaron este "ahorro" a programas de inclusión social u otras políticas sociales, como las dos últimas, para otras "supuso sin más una reducción de su gasto social, en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021".

En el conjunto del país, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020, y sólo el 7,1 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas ayudas.

39 POR CIENTO DE AUMENTO EN BALEARES

Por comunidades, el informe señala que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual de su ya "exiguo" gasto en Rentas Mínimas de Inserción, con una reducción de más de las dos terceras partes del mismo (66,7 por ciento).

Los directores y gerentes de Servicios Sociales apuntan que en esa comunidad, y también en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura, las RMI "están siendo sustituidas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

Una situación que "contrasta", añaden, con la de comunidades como la Valenciana, Cataluña y Canarias, "donde se han reforzado como complemento del IMV", con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60 por ciento. En Baleares, de 2020 a 2021 aumentó un 39 por ciento, con 9,3 millones más.

RETROCESO

Esta "situación de retroceso, en unos casos, y de refuerzo en otros", afirman, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto disminuyen "significativamente" el número de personas beneficiarias, hasta en un 73 por ciento en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121 por ciento en la Comunidad Valenciana.

Navarra y País Vasco siguen destacando con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8 y un 55,8 por ciento, respectivamente, mientras que en Castilla-La Mancha "se confirma la extinción de estas RMI", según la asociación.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9 por ciento de la renta media por hogar en el conjunto del país, una cifra que para los directoras y gerentes de Servicios Sociales es "extremadamente baja" y que se ha reducido más de un punto desde 2019, al pasar del 17,1 al 15,9 por ciento.

RENTA MEDIA POR TERRITORIOS

Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las comunidades que están por encima de la media, en tanto que en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10 por ciento de la renta media por hogar en esos territorios.

Tras constatar esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha querido subrayar que "pobreza no es igual a exclusión social" y que "el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía resulta a todas luces insuficiente", mientras que "la finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional".

Por este motivo, reclaman a las comunidades que, "como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el 'ahorro' que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas".

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