El Tribunal Superior ratifica que Llucmajor deberá demoler parte del colegio de Puig de Ros

El alcalde, Éric Jareño, ha confirmado la noticia y ha anunciado que la Administración municipal deberá derribar una parte del CEIP tras recibir la notificación del TSJIB, en la que comunica que rechaza la oferta del Ayuntamiento y obliga a ejecutar la sentencia inicial. El primer edil ha indicado que el Consistorio "ha hecho todo lo posible y lo imposible para intentar evitar esta situación, siempre siguiendo las recomendaciones técnicas, porque en ningún caso éramos partidarios de esta solución".

En concreto, la demolición afecta a una franja de cuatro metros que obligará a derribar diferentes espacios del centro, como la entrada y salida de los servicios, la cocina, el comedor y la biblioteca.

Según Jareño, se trata de "un problema que viene de muy atrás. Hemos puesto todos los medios que teníamos a nuestro alcance para evitar llegar a esta situación, sobre todo para no perjudicar a la comunidad educativa, principalmente a los niños y las familias".

JAREÑO: "NO QUEDA MÁS REMEDIO QUE CUMPLIR LA SENTENCIA"

Sin embargo, el alcalde ha reconocido que al Ayuntamiento "no le queda más remedio que cumplir la sentencia", de manera que el objetivo municipal pasa ahora por "intentar con los arquitectos, ingenieros y todo el departamento jurídico y técnico del área de Urbanismo que este proceso tenga la menor repercusión posible para el centro".

Por su parte la concejala de Educación, Xisca Lascolas, ha explicado que su departamento ya ha comunicado la decisión judicial a la dirección de la escuela y ahora se está "trabajando en rehacer el programa de actuación". Lascolas ha puesto de manifiesto que, debido a la estructura del centro, "el retranqueo afectará a más metros de los que teníamos previstos y nos obligará a remodelar toda la escuela, empezando por la entrada, que es una de las zonas afectadas".

La edil ha señalado la predisposición del Ayuntamiento de Llucmajor de "trabajar de la mano con la Conselleria de Educació del Govern" y, a este respecto, el gobierno municipal, según Lascolas, "ya ha iniciado la elaboración del plan de actuación y la temporalización de las obras". En cualquier caso, la responsable de la política educativa en Llucmajor ha certificado que este próximo curso escolar "no se verá afectado" en el CEIP de Puig de Ros.

Finalmente, el concejal de Urbanismo, Guillem Roig, ha asegurado que el Ayuntamiento "cumplirá el fallo, tras haber tratado de evitar esta situación y que no haya sido posible, con la pretensión de que las obras afecten en un grado mínimo al funcionamiento de la escuela".

UNA DENUNCIA VECINAL QUE SE REMONTA A 2009

Los hechos se remontan a 2009, cuando un grupo de vecinos denunció errores en el proyecto de construcción del CEIP, a cargo del IBISEC (Instituto Balear de Infraestructuras y Centros), que es el órgano que se encargó en ese momento de ejecutar las obras de los equipamientos docentes de las islas.

Según la denuncia de los vecinos, el proyecto contravenía el planeamiento urbanístico vigente. Una vez acabadas las obras del centro en 2010, se modificó el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para ajustar el uso de los terrenos, decisión que el TSJB anula ahora con esta sentencia.