Los promotores de Baleares denuncian que hacen falta 16.000 viviendas nuevas

El presidente de Proinba, Luís Martín, lamenta la escasez de suelo y la "lenta tramitación" de la construcción de viviendas que "encarecen" la construcción. Además indica que la producción de vivienda se estabilizará en 2019 con una "ligera subida" de los precios.

Martín ha remarcado la fase de crecimiento moderado que vive el sector de la construcción en Baleares aunque ha puesto de relieve la "fuerte demanda" de vivienda que "sólo atiende" a segmentos de población de elevado poder adquisitivo debido al encarecimiento del suelo, la "falta de ayuda" por parte de la Administración para tramitar los suelos y a la "inseguridad jurídica" que "posterga" el crecimiento de proyectos por parte de promotores.

"LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA NO SOLUCIONA EL PROBLEMA"

Desde Proinba han censurado la "extinción" de la Vivienda de Protección Pública (VPP) que, según han explicado, daba el primer acceso a la vivienda. No obstante, reconoce que ésta "no soluciona" el "problema" del déficit de unidades. "El problema de la vivienda no se soluciona con el anuncio de nuevas viviendas de protección pública", ha declarado Martín, quien ha afirmado que el crecimiento del sector se encuentra "muy por debajo de las necesidades" de la población.

AUMENTO DEL 9,81 POR CIENTO EN LA ACTIVIDAD DEL SECTOR

Por otro lado, los visados de vivienda en Baleares en 2018 fueron de 1.958 viviendas repartidas en 625 viviendas unifamiliares (un 4,58 por ciento menos respecto a 2017); 328 viviendas adosadas (un 17,56 por ciento más respecto al año anterior); y 1.005 viviendas plurifamiliares (un 18,37 por ciento más respecto a 2017).

Así, los promotores inmobiliarios de Baleares han destacado el aumento del 9,81 por ciento de la actividad del sector experimentada en 2018 aunque inciden en que el ritmo de producción y la brecha entre la demanda y la oferta aumentará de año en año. Respecto a las ventas, según Proinba en 2018 se vendieron en Baleares un total de 15.045 viviendas, 12.720 usadas y 2.707 de nueva promoción.

En este sentido, Proinba ha apuntado que el mercado de vivienda de segunda mano ha experimentado un crecimiento aunque el sector ha avisado de la reducción del 'stock' de este tipo de inmuebles. De hecho, Martín ha propuesto una colaboración público-privada para "estabilizar" el sector de la construcción poniendo el foco en la construcción de Vivienda de Protección Pública (VPP) a través del uso de solares municipales "infrautilizados".

"El Govern debe poner estos solares en manos de la sociedad, y los promotores nos ponemos a su disposición para revitalizar el mercado", ha expresado Martín, quien ha reiterado la necesidad de favorecer la inversión privada para desarrollar vivienda protegida.

TRAMITACIÓN LENTA Y FISCALIDAD ELEVADA

Además, ha asegurado que la legislación "no ha ayudado nada" ya que, según ha razonado, la tramitación urbanística, la "elevada" fiscalidad en vivienda y la escasez de suelo "hacen muy complicado construir vivienda para ponerla en el mercado a un precio digno y asequible".

Respecto a la fiscalidad, Proinba ha instado a la Administración a realizar una "revisión profunda" sobre los impuestos a la vivienda a la par que ha propuesto que la cesión de solares municipales a promotores "tribute a un impuesto superreducido" del 4 por ciento del IVA.

Además, han apuntado que el sistema de vivienda debería ser mixto ofreciendo viviendas de alquiler y en compra-venta ya que, según ha argumentado, los fondos buitre y las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) se centran en el mercado de alquiler con "expectativas que no son las de los promotores locales".

Por otro lado, Martín ha señalado que el entorno "intervencionista" de la Administración ha sido "contraproducente para el desarrollo de viviendas a precios asequibles" y, además, ha criticado los "tremendos retrasos" en la tramitación de licencias que, por ley, se deberían dar en 3 meses aunque, según ha censurado, "la realidad es que estamos entre 8 y 10 meses para conseguir licencias sencillas".

Además, han lamentado la "fuerte" inseguridad jurídica del sector derivada, entre otras cuestiones, de la falta de adaptación al Plan Territorial o a la nueva Ley de Urbanismo de Baleares (LUIB) por parte de los municipios.