Funcionarios de Cultura niegan haber recibido órdenes para favorecer la contratación de Garau

Así lo han manifestado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, el juez Miquel Florit, según han informado fuentes del caso. Parte de los funcionarios no llegó a intervenir en este proceso porque los contratos no superaban la cantidad mínima de 18.000 euros. Con todo, los funcionarios que sí revisaron documentación de los expedientes únicamente avisaron de que dos contratos parecían muy similares, y se recomendó corregir la redacción para aclararlo.

Los funcionarios que han declarado este miércoles son jefes de servicio de distintos departamentos de la Conselleria de Cultura, que han sido llamados a propuesta de Fiscalía.

Todos han coincidido en que no recibieron ninguna indicación expresa ni de la ex consellera de Cultura, Ruth Mateu, ni del ex director del Institut d'Estudis Baleàrics, Josep Ramón Cerdà, para actuar de determinada manera a la hora de contratar.

Además, ninguno de los funcionarios ha confirmado el supuesto fraccionamiento. Por otro lado, no se les ha preguntado por la utilidad de los contratos.

La mayor parte de los testigos no llegó a intervenir en el proceso de contratación, debido a que los contratos no superaban la cantidad mínima de 18.000 euros o porque no era de su competencia.

Con todo, la única funcionaria que tenía entre sus funciones revisar la documentación no detectó ninguna irregularidad y únicamente avisó de que dos contratos parecían muy similares, por lo que se recomendó corregir la redacción para aclararlo. Se trataba de el contrato para realizar encuestas por un estudio por un lado y el análisis de los datos recabados por el otro.

Los altos cargos de la Conselleria que declararon en abril defendieron que este encargo por separado estaba justificado, entre otros motivos, porque de este modo de una misma encuesta se pueden extraer estudios diferentes.

De hecho, este miércoles la defensa de Garau ha presentado documentación para demostrar que sus empresas han trabajado habitualmente de esta forma en otras comunidades autónomas.

De momento no están previstas más declaraciones y actualmente el Juzgado está a la espera de datos solicitados a Hacienda a petición de la Fiscalía.

CASO CONTRATOS

El año pasado, el Ministerio Fiscal presentó una querella por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras inspeccionar los contratos adjudicados a Garau para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de Més. En total, los contratos incluidos en la querella suman un importe aproximado de 127.000 euros.

Tras conocerse los contratos, la entonces consellera de Cultura, Transparencia y Deportes, Ruth Mateu, presentó su dimisión "para dar ejemplo" y defendió que no había cometido "ninguna irregularidad". Después de esta dimisión, Més per Menorca decidió salir del Govern.

El mes pasado declararon como investigados, además de Mateu, el ex director general de Cultura, Jaume Gomila; el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramon Cerdà; el ex director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), Pere Muñoz; y el responsable de la campaña de Més en las elecciones autonómicas, Jaume Garau.