Cuatro exaltos cargos de Més empiezan a declarar ante el juez el martes por el 'caso contratos'

Así, el martes está citada para declarar como imputada Ruth Mateu, que en la actualidad es miembro de la ejecutiva de Més per Mallorca y concejala de su partido en Andratx, y también deberá comparecer el exdirector general de Cultura Jaume Gomila.

El instructor tomará declaración el miércoles a Josep Ramon Cerdà, exdirector del Institut d'Estudis Baleàrics, y a Jaume Garau, beneficiario de los contratos presuntamente irregulares.

Para el jueves, 19 de abril, el juez Morell ha llamado a declarar al que fuera director general de Agencia de Turismo de Baleares, Pere Muñoz.

Las adjudicaciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción suman unos 127.000 euros.

La Fiscalía cree que el exjefe de campaña de Més mantenía "una relación personal, profesional y de partido" con Pere Muñoz, quien ideó la contratación de un barómetro para estudiar la satisfacción de los turistas llegados a las islas y "ejecutó el fraccionamiento del contrato, infringiendo los principios de publicidad y concurrencia en beneficio de Jaime Garau", según recoge la querella.

La ATB habría favorecido de forma arbitraria a Garau otorgando a una de sus empresas una contratación menor para diseñar un estudio de satisfacción de los turistas por el que cobró 21.562 euros. La Fiscalía cree que Garau influyó además para que fuera invitada al negociado sin publicidad una empresa en concreto, cuyo trabajo era necesario para que a su vez su propia sociedad pudiera realizar el suyo.

En cuanto a los ex altos cargos de Cultura, la Fiscalía considera que, como autoridades y miembros de Més, "favorecieron de forma arbitraria" a Garau mediante la adjudicación directa de dos contratos menores y otro gasto adicional, eludiendo la legalidad administrativa y los principios de publicidad y concurrencia.

Recurrieron al fraccionamiento de un contrato por 45.995 euros, que exigía una contratación abierta o un contrato negociado sin publicidad.

Según la Fiscalía, la Conselleria contrató por separado a una empresa ligada profesionalmente con Garau la realización de 1.600 encuestas sobre hábitos de consumo de cultura, por 21.417 euros, y a otra que él administraba el correspondiente análisis para entender su contenido por otros 21.538 euros. Además le adjudicó directamente a Garau otro servicio ligado a los anteriores por 3.000 euros.

Han detectado también que una parte de las encuestas se hicieron en enero de 2016, antes de la contratación que no se llevó a cabo hasta el 12 de mayo.