Los organismos judiciales de Baleares irán recuperando actividad hasta septiembre por medio de actuaciones que "serán fundamentalmente telemáticas y se evitará la presencialidad en la medida de los posible", ha anunciado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa. Para los trabajadores que sí acudan al trabajo físico, las mascarillas, mamparas y distancia física serán obligatorios.
La suspensión de los plazos procesales que trajo el estado de alarma se levanta este jueves dando paso a la vuelta de la actividad "plena" a unos juzgados donde habrá mascarillas obligadas y mamparas como medida de seguridad, además de la incertidumbre generada por el alud de casos que se avecinan.
En Baleares, la apuesta por el trabajo telemático es clara y durante estos primeros tres meses sólo serán presenciales "las actuaciones inevitables o necesarias" y habrá que pedir cita previa para poder acceder a un edificio judicial con justificación.
"Con la recuperación de plazos procesales y la reintegración de todos los funcionarios a sus puestos de trabajo la semana que viene, comenzaremos a estar condiciones de procurar una recuperación paulatina del retraso que se ha producido", ha detallado Terrasa.
En la primera fase de recuperación de actividad se intentarán implantar "operativas de tipo telemático" para la celebración de juicios donde no estuvieran ya activas, las actuaciones a distancia se procurará hacerlas por teléfono o correo electrónico, y los juicios por videoconferencia.
Terrasa ha explicado que se ha estado trabajando en las dos o tres últimas semanas en implantar un sistema telemático "útil y eficaz" que evite problemas de conexión y permita numerosas conexiones simultáneas, con la intención de poder mantenerlo también una vez superada la situación actual.
El presidente del TSJIB ha detallado que se están ultimando "pasos determinantes" para el nuevo sistema de videoconferencia "que ya no es el tradicional por televisión y líneas fijas sino a través de teléfono móvil" y ha dicho que implantar esa dinámica llevará un tiempo.
El siguiente paso será intentar "estabilizar el funcionamiento normal" y el ritmo de actividad que había antes de la pandemia "con una rentabilidad semblante", para empezar a recuperar asuntos atrasados, acumulados en los dos meses de paralización, y más adelante calcular qué aumento de litigiosidad produce la crisis de la COVID-19.
Terrasa considera que "seguramente no será una explosión de litigiosidad, pero sí que habrá previsiblemente alguna concentración en los juzgados de lo Social o de Mercantil", en el primer caso por despidos y en el segundo por los concursos de acreedores.
"Necesitamos tiempo para saber con exactitud qué clases de asuntos son y en qué cantidad para empezar a diseñar de forma apropiada los refuerzos y medidas de recuperación correspondientes", ha dicho Terrasa sobre la definición de los refuerzos humanos y materiales.
Ha recalcado que las mejoras previstas antes de la pandemia se mantendrán, como "los refuerzos que ya están operando en los juzgados de lo Social, de lo Contencioso y continuar con las medias de refuerzo y complemento en los juzgados de lo Mercantil". En Ibiza se estaban diseñando medidas de apoyo en lo Social y "eso no se ha parado".
Para aplicar las prescripciones sanitarias, Terrasa ha explicado que en cada edificio judicial se ha establecido un plan de accesos, un plan de circulación por dentro del inmueble, se ha fijado el respeto de la distancia en las distintas dependencias y además se ha establecido una agenda para compartir salas de audiencia, de forma que no se señalen coincidentemente actuaciones que provoquen concentración de personas.
En los edificios que "lo tienen más complicado", se aplicarán medidas especiales como el uso de mascarillas y evitar la concentración.
Terrasa ha admitido que en los edificios judiciales donde sea más dificultoso cumplir las prescripciones sanitarias se puede ver afectado el ritmo de funcionamiento y "es en estos puestos donde telemáticamente es más interesante avanzar y ver en qué medida podemos hacerlo con eficiencia".
En Ibiza, al retraso por el incendio del edificio de los juzgados se añade el ocasionado por la COVID-19. "Se suman dos retrasos y será necesario afrontarlos", ha afirmado Terrasa y ha recordado que el CGPJ ya levantó todas las suspensiones procesales a consecuencia del incendio.
El presidente del TSJIB ha rechazado que pueda hablarse de "colapso" en los organismos judiciales de Baleares y ha precisado cuál es la situación de la justicia: "Se ha parado como se ha parado todo el país y vamos a intentar recuperar actividad como lo hará el resto del país, con nuestros propios condicionantes y con nuestros propios déficit tradicionales".
Ha recordado que con el estado de alarma por la crisis sanitaria, al principio quedaron totalmente paradas todas las actuaciones salvo asuntos urgentes inaplazables y esenciales, y hace poco que han empezado a presentarse asuntos, con un ritmo que "hace una semana o semana y media no era una cosa exagerada".
El ingreso de asuntos "está en una tónica adecuada a lo que venía siendo, e incluso en algunos aspectos por debajo, como es natural porque la vida se ha parado y las actividades están condicionadas a tener que irse recuperando".
"A mi juicio es prudente esperar a ver cómo se va desarrollando todo: cómo podemos implementar los nuevos usos, qué eficacia permiten, con esto qué capacidad de recuperación tenemos, qué cantidad de aumento de litigiosidad por asuntos derivados de la COVID-19 se produce y, conocido suficientemente todo esto, empezar a focalizar las medidas para concentrarlas con eficacia donde haga falta", ha concluido.