Penalva y Subirán, al banquillo

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia procesa desde hoy al exmagistrado Manuel Penalva, al fiscal apartado de la carrera Miguel Ángel Subirán, al inspector jefe José Luis García Reguera, a los subinspectores Blanca Ruiz y Miguel Ángel Blanco y al policía Iván Bandera acusados de obstrucción a la justicia, revelación de secretos y detenciones ilegales, además de prevaricación en el caso de los agentes.

Los fiscales anticorrupción Tomás Herranz y Fernando Bermejo piden para Penalva y Subirán 118 y 121 años de prisión, respectivamente, además de 162 años de inhabilitación y 59.400 euros y 72.600 euros de multa, respectivamente. En cuanto a los integrantes del entonces Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, Fiscalía solicita más de 340 años de prisión.

Además, se pide para todos ellos distintas cantidades en concepto de indemnización por daños morales, aunque dada su condición de funcionarios responderá subsidiariamente el Estado.

CALENDARIO

El juicio arranca hoy con las cuestiones previas -todas las defensas piden la absolución de sus clientes y la nulidad del proceso- y se retomará el día 22 con la declaración de los acusados, quienes habían solicitado hablar después de los testigos. No será así, el TSJIB se lo denegó.

Así pues, a la declaración de los acusados le seguirá la versión de los testigos propuestas por las acusaciones, entre ellos, el juez Miquel Florit, el fiscal Juan Carrau -excompañero de grupo anticorrupción de Subirán- y el Jefe Superior de Policía, José Luis Santafé.

En principio, esta fase debería quedar finiquitado en el mes de julio y ya en septiembre -como tarde el día 22- dar por finalizado el juicio.

CINCO AÑOS DE INSTRUCCIÓN TORTICERA

En todo este tiempo, la Justicia deberá decidir si la investigación que llevaron a cabo los acusados entre los años 2013 y 2018, con el juzgado de Instrucción número 12 de Palma como epicentro del escándalo, se ajustó a derecho.

Todos los indicios y pruebas apuntan a lo contrario: arrestos y calabozos como método de presión, ausencia de mecanismos de defensión de los detenidos, difusión de los acontecimientos en ciertos medios de comunicación para teledirigir a la opinión pública... En definitiva, una instrucción judicial y policial presuntamente viciada en el fondo y en las formas.

La Fiscalía describe en los 31 folios de su escrito de acusación el calvario por el que pasaron los investigados del Caso Cursach, Caso ORA, Caso IME y Caso Madame.

El modus operandi siempre era el mismo: primero definir una meta y después trazar el camino arrasando todo a su paso con un machaque constante a portadas y tertulias. Por ejemplo, «Dos policías simularon una ejecución a un empresario», «Acusan al exjefe de la policía local de Calvià de cobrar de empresarios nocturnos», «Navarro iba de vacaciones con empresarios que tenía que controlar» o «Un policía cobraba para evitar el cierre de locales o conseguir licencias» aparecían en Diario de Mallorca con el secreto de sumario decretado. ¿Quién filtraba? «Y el lunes pásale algo a XXX[JFM, periodista de "Diario de Mallorca"] porque si no lo tiene mascado no saca nada», escribía Penalva en el chat de whatsapp. Tres minutos después el fiscal escribía en el canal de mensajería «XXX, luego le llamo desde una cabina» y, media hora después, añadía: «Ya he localizado a XXX». No sólo no impedían la revelación de las actuaciones sumariales sino que estarían detrás de su difusión.

En cuanto a las detenciones ilegales, un buen ejemplo habría sido las de los familiares -padres ancianos y hermano- del expolítico del PP Álvaro Gijón. Según los fiscales, la única intención de Penalva, Subirán y los policías habría sido presionar y ablandar al entonces dirigente del PP mediante la imputación de delitos "inexplicablementee" y la estancia de su hermano en los calabozos sin motivo alguno que lo justificara. "sólo por expreso deseo del juez y fiscal".

Por no hablar de la manipulación constante de los testigos y pruebas para encajar las piezas a su conveniencia. Ahí está la famosa agenda de La Madame, que recogía las supuestas orgías de Gijón y José María Rodríguez a cargo de Cursach para beneficiar a sus empresas. Todo acabó en nada -con La Madame reconociendo haber mentido y acusando al juez Penalva y al fiscal Subirán de haberla manipulado- pero el daño ya estaba hecho.

EL CHAT QUE LE DIO LA VUELTA A LA TORTILLA

Hasta 2018, los acontecimientos iban in crescendo. La historia había comenzado con un amaño en las oposiciones a oficial de la Policía Local de Palma y acabó en un culebrón de políticos, policías y funcionarios corruptos, drogadictos y puteros al servicio del magnate de la noche, Bartolomé Cursach.

Un supuesto contubernio de poderosos que llenó portadas, programas de televisión y horas de debate en las radios pero que finalizó en absolución para todos y con un fiscal anticorrupción llorando por "la injusticia" sufrida.

Ahora, los presuntos responsables de esa "injusticia" deben dar su versión de los hechos. Arrestos como método de presión, testigos adoctrinados, insultos y trato vejatorio a acusados, filtraciones a la prensa... Todo ello saltó por los aires cuando el juez Florit y el fiscal Juan Carrau decidieron abrir diligencias para averiguar el origen de las revelaciones a la prensa que Cursach había denunciado en reiteradas ocasiones.

En ese marco, la Policía Nacional acabó arrestando a los que eran sus compañeros y en el análisis de sus teléfonos móviles hallaron los whatsapp del 'Chat Sancus' -creado Penalva el 13 de enero de 2016 - que evidenciaban, ahí sí, el verdadero contubernio.

PENALVA Y SUBIRÁN PIDEN LA ABSOLUCIÓN

A todo esto, los acusados insisten en su inocencia y piden su absolución alegando que no cometieron ningún delito.

Es más, los juristas aseguran haber sido víctimas de intimidación y persecución por parte de los investigadores policiales, conocidos como Los Juanes, autores de los informes que desmontaron su relato y que testificaron en una memorable jornada del Juicio del Caso Cursach.

Es la hora de la verdad.

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