"Penalva y Subirán crearon una trama para alcanzar la gloria, aun pisando cabezas"

Penalva y Subirán fueron condenados a nueve años de cárcel por omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la Justicia y coacciones. También los policías Miguel Ángel Blanco (a 3 años y 10 meses), Iván Bandera (a 2 años y 4 meses) y Blanca Ruiz a (1 años y dos meses).

La absolución por los delitos de detención ilegal de nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, del empresario Antonio Roig, de la exconcejala Irene san Gil y del exregidor Gabriel Vallejo, y de los padres y un hermano del diputado autonómico del PP, Álvaro Gijón, dejan, sin embargo, una sensación agridulce, pues deja impunes tan graves delitos, los más penados.

El tribunal admitió que personas inocentes fueron detenidas y privadas de libertad, aunque consideró que existían sospechas de su implicación en un posible amaño del concurso de la ORA. Y en el caso de las detenciones de los familiares de Álvaro Gijón, la sentencia afirma tajante que fueron instrumentales, pues tuvieron como finalidad presionar al político para que confesara que había manipulado el concurso. Sin embargo, los magistrados dejan impunes aquellos crímenes al absolver a los acusados de los delitos de detención ilegal con el pretexto de la existencia de un déficit en la acusación. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

JAIME LLADÓ

Jaime Lladó, exdirector de la discoteca Tito’s, absuelto en junio del año pasado en el juicio por el caso Cursach, exonerado de toda acusación al inicio de la vista oral, admite que la condena a Penalva y Subirán "en mi caso ha supuesto de alguna forma un alivio, un alivio importante en cuanto al sufrimiento vivido en los últimos cinco años, a raíz de mi imputación".

"Ni había pruebas, ni los testigos eran fiables, ni había sucedido nada de nada. Se desestimaron todas las acusaciones", recuerda en referencia a su absolución. Sin embargo, aún están pendientes de juicio las presuntas irregularidades delictivas que pudieron cometer Penalva y Subirán, y que se pusieron en evidencia durante el juicio del caso Cursach en la Audiencia Provincial de Palma.

"La mancha quedó y los cinco años de sufrimiento mío y de mi familia, no hay sentencia que pueda resarcirme", recuerda con amargura Jaime Lladó.

En todo caso, la primera condena para Penalva y Subirán supone un bálsamo, según explica el actual director de la discoteca BCM. "Para mí, saber que han sido condenados, me resulta reconfortante, ya que confirma lo que dije en su día, que era inocente y que todas las cosas que ellos decían que habían sucedido, no fueron verdad. No actuaron como corresponde a un juez y un fiscal".

Preguntado por si ha recobrado la confianza en la Justicia, Lladó explica que, si bien lo sucedido le hizo dudar al verse inmerso "en una situación que yo jamás imagine", su absolución, cuando la Fiscalía en su día llegó a reclamar 9 años de cárcel para él, y la sentencia que condena a cárcel a Penalva y Subirán, "me devuelven la fe en la Justicia". "El que comete un delito, acaba pagándolo", afirma Lladó con rotundidad.

Cuando se le pregunta sobre las motivaciones que llevaron a Penalva y Subirán a delinquir, responde: "Yo soy un peón y no tengo ningún poder, pero creo que había intereses políticos y empresariales. Creo que al final el juez y el fiscal se quisieron posicionar al lado de los más poderosos, creando una trama para alcanzar la gloria, aunque fuera pisando cabezas".

ANTONIO ROIG

El empresario Antonio Roig, que fue detenido e ingresó en prisión preventiva en octubre de 2016, ejerció la acusación particular contra Penalva, Subirán y los policías del Grupo de Blanqueo. Su abogado reclamó un total de 335 años de cárcel para los seis acusados por delitos de detención ilegal, prevaricación judicial, torturas, amenazas, revelación de secretos, obstrucción a la Justicia y omisión del deber de perseguir delitos.

En declaraciones a mallorcadiario.com, Roig expresó su satisfacción "no por los nueve años, sino por la condena en sí".

El empresario admite que dudó de que finalmente hubiese una condena al exjuez y al exfiscal. "Yo tenía dudas de que hubiera una sentencia condenatoria. Siempre soy muy cauto, no me quiero crear falsas expectativas. Es verdad que las informaciones que me llegaban de gente que no estaba contaminada por el procedimiento, eran de que habría una condena, pero yo tenía mis dudas de que hubiera corporativismo, etc. Tenía serias dudas”, confiesa.

Roig afirma que “se ha hecho Justicia” ya que “son nueve años de condena a un juez y a un fiscal, y también a unos policías nacionales del Grupo de Blanqueo, algo que no es fácil y sólo hay que ver los antecedentes y las estadísticas. Se ha hecho justicia porque les han condenado".

Sin embargo, lamenta que no los hayan condenado de los demás delitos de los que eran acusados. "Mi detención fue ilegal. Mi ingreso en prisión todavía más. Lo hicieron para coaccionarme y amenazarme, lo dice la sentencia", sostiene Roig.

"El resultado es bueno. Una satisfacción moral ya que ha quedado muy patente en todo este juicio que lo hicieron mal, y la sentencia habla clarísimamente, de que actuaron mal, sin pruebas, con inquina", explica. Y apostilla: “Moralmente estoy perfectamente satisfecho".

A la pregunta de cuál cree que fue la motivación de los condenados para infringir la Ley, responde con firmeza: "El único objetivo eran Álvaro Gijón y José María Rodríguez. Yo fui un instrumento que pasaba por ahí. Sinceramente, creo que se les fue de la mano, por decirlo finamente. Se les fue la pinza. Empezaron con un caso, vieron que no podían pillar nada por allí, se fueron a otro caso y empezaron a buscar testimonios poco fiables", concluye el empresario, quien ha confirmado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

RECURSOS

La Fiscalía anunciado la interposición de recurso de casación ante el Supremo, disconforme por la absolución de los delitos más graves, los referidos a las detenciones ilegales.

También Álvaro Gijón ha manifestado su voluntad de presentar recurso, el funcionario Juan Carlos Sastre, detenido en octubre de 2016, y el empresario Antonio Roig.

Por parte de los condenados, Penalva y Subirán, la inspectora Blanca Ruiz, también recurrirán el fallo del tribunal.