En 2021, con ocasión de la paralización casi total de la actividad económica ocasionada por la pandemia de Covid 19 en Baleares, el Gobierno de España asignó 855 millones de euros de fondos estatales como subvención para empresas y autónomos, con el objetivo de salvar el tejido productivo y evitar la quiebra de muchos negocios.
Sin embargo, había que cumplir con los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria. En especial, quedaban excluidas las empresas y autónomos que en 2019, antes de la pandemia, hubiesen declarado pérdidas, a excepción de que se hubiese hecho una inversión, para evitar inyectar dinero en sociedades insalvables económicamente. Y también quedaban fuera las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook.
Para comprobar que se cumplían los requisitos de solvencia, la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) debía emitir un informe al respecto. En 19 casos, los que ahora se investigan, hubo un primer informe negativo a la concesión de la subvención debido a haber declarado pérdidas en el impuesto de sociedades o por salir negativa la declaración del IRPF. Los afectados presentaron alegaciones que fueron desestimadas, por lo que en los 19 expedientes revisados figuran dos informes de la Hacienda balear en contra de la concesión de la ayuda.
Sin embargo, el director general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Manel Porras, emitió, por delegación del entonces conseller, Iago Negueruela, resoluciones favorables a la concesión de las ayudas sin contar con un informe técnico que permitiese salvar las objeciones formuladas por la ATIB.
REVISIÓN DE AYUDAS
El proceso de revisión de las ayudas otorgadas, iniciadas por una instrucción del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, cuando se encontraba en funciones, tras las elecciones de 2023, obliga ahora a la Conselleria de Empleo, Ocupación y Energía, dirigida por Alejandro Sáez de San Pedro, a abrir el correspondiente expediente para esclarecer los hechos y reclamar, si procede, la devolución de las ayudas indebidamente percibidas.
De las 19 empresas afectadas, 14 son sociedades limitadas (SL), cuatro son sociedades anónimas (SA) y una es cooperativa de bienes. La gran mayoría pertenecen al sector turístico (hotelería y restauración), aunque también hay empresas de transporte, ocio y moda. 15 son de Mallorca, tres de Menorca y sólo una de Ibiza.