Cruising, delincuencia y violencia: cóctel explosivo en la Estación Intermodal de Palma

La Estación Intermodal de Palma se ha convertido en uno de los principales puntos negros de delincuencia y violencia en la ciudad. Tanto es así que el Cuerpo Nacional de Policía se ve obligado a instalar diariamente un dispositivo de vigilancia para la prevención de delitos, tanto en la terminal ferroviaria y de autobuses como en la cercana plaza de España.

Al margen de los agentes policiales, el otro colectivo que sufre en sus propias carnes las consecuencias de esta situación son los profesionales del sector de vigilancia privada. Gabriel Gómez, responsable de Seguridad de la organización Alternativa Sindical, ha confirmado a mallorcadiario.com que, en efecto, la Estación Intermodal es, hoy por hoy, uno de los emplazamientos "más conflictivos y problemáticos de Palma".

En su opinión, la razón hay que buscarla en que es un sitio "frecuentado por muchas personas, y desde siempre la coincidencia de multitudes en un mismo lugar es sinónimo de problemas. Lógicamente, esto no solo ocurre en Palma, pero tenga en cuenta que el municipio, y Baleares en su conjunto, han duplicado su población en las últimas décadas".

Los casos en que los vigilantes de seguridad deben intervenir en un escenario como la estación intermodal son diversos. Según el representante sindical, la mayor parte de los conflictos "se producen por parte de usuarios del tren que se niegan a pagar el billete. También está el caso de los indigentes, que especialmente en invierno buscan refugio en la estación para escapar del frío. Esto resulta comprensible, pero algunos de ellos aprovechan también para cometer pequeños hurtos que exigen nuestra intervención".

BANDAS JUVENILES Y CRUISING

Por otro lado, la presencia de grupos de jóvenes, muchos de ellos menores, que se reúnen en la estación intermodal de Palma es cada vez más frecuente. Gabriel Gómez apunta, en este sentido, que el comportamiento de estos adolescentes "es el propio de las bandas callejeras, y la realidad es que en algunos casos su comportamiento alcanza grandes cotas de violencia".

Al mismo tiempo, los vigilantes privados desplazados a la estación intermodal han detectado un incremento sustancial de la actividad de 'cruising', término que hace referencia a la práctica de mantener relaciones sexuales entre desconocidos en espacios públicos.

Según Gómez, el 'cruising' "es habitual en los lavabos de la estación, a cualquier hora del día, y los efectivos de seguridad debemos controlar estas situaciones porque la normativa vigente así nos lo exige. No se pueden mantener relaciones sexuales, aunque sean consentidas y entre adultos, en lugares públicos". Por este motivo, los vigilantes no solo identifican a estas personas, sino que también formulan la correspondiente denuncia.

AL MENOS UNA AGRESIÓN AL DÍA

Peleas, borracheras, tirones de bolsos, robos de carteras y trapicheo con drogas son algunas otras de las problemáticas a las que deben enfrentarse los vigilantes de seguridad que realizan su labor habitual en la estación intermodal, así como en otros puntos calientes de Palma y del resto de la isla. Y han de hacerlo en unas circunstancias complicadas, exponiéndose al riesgo de ser víctimas de agresiones, a menudo muy violentas. Gómez estima que en el caso de Baleares "se produce, al menos, una agresión a un vigilante privado cada día. Normalmente, son más".

Es por esta razón que el colectivo reclama tener la posibilidad de desarrollar su tarea en unas condiciones de mayor protección. El dirigente sindical indica que "hay reivindicaciones que hace tiempo tratamos de hacer llegar tanto a la administración como a las empresas privadas de seguridad, y ya es hora de que se atiendan".

De hecho, este próximo viernes 31 de enero, tendrá lugar una concentración de dos horas de duración (de las 11 a las 13) ante la sede de la Delegación de Gobierno, en Palma, promovida por los sindicatos Comisiones Obreras, CSIF y Alternativa Sindical. Durante la protesta, los convocantes harán entrega de un manifiesto en el que reclaman soluciones urgentes a los principales problemas que afectan al colectivo de los vigilantes privados.

RANGO DE AGENTES DE AUTORIDAD

Uno de los puntos destacados del documento tiene que ver con la necesidad de que la administración reconozca a estos profesionales, como mínimo en situaciones especialmente conflictivas o violentas, el rango de agentes de la autoridad, ya que, como explica el representante de Alternativa Sindical, esta consideración "nos situaría al mismo nivel que los maestros y los médicos, por ejemplo, y las penas por sufrir agresiones resultarían más disuasorias que en la actualidad, ya que podrían rondar los cinco años de prisión. Ahora, la pena por atacar a un vigilante privado apenas alcanza los seis meses de reclusión".

Gabriel Gómez matiza, en este sentido, que la pretensión del colectivo "no es ni mucho menos convertirnos en policías, o que se nos otorgue su mismo estatus. Esta es una cuestión ya superada y normalizada. Sin embargo, en ciertos escenarios precisamos que la ley nos reconozca como agentes de la autoridad. Es una manera de proteger a los vigilantes frente a comportamientos extremadamente violentos que ponen claramente en riesgo nuestra integridad física".

El dirigente sindical es consciente de que la Delegación de Gobierno en Baleares "no puede decidir unilateralmente en esta cuestión, porque exige introducir cambios en la normativa". En cambio, la Administración periférica del Estado es competente en otras reivindicaciones de los vigilantes, como autorizar el uso de determinados elementos de protección en situaciones que así lo reclaman, o presionar a las empresas del sector para que destinen más recursos a garantizar la seguridad de sus profesionales.

MÁS INVERSIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS

A este respecto, Gómez reconoce que las empresas "no siempre están por la labor de invertir en proveer de más medios de protección a sus trabajadores. El chaleco anticontusiones es buen ejemplo de ello. Debería de dotarse de estos chalecos a los vigilantes que realizan su tarea en puntos conflictivos, como hospitales y estaciones ferroviarias. En cambio, eso generalmente no ocurre".

Tampoco la compensación económica que estas empresas (unas 25 integran el sector, en Baleares) pagan a los vigilantes por desempeñar su labor diaria satisface las pretensiones de un colectivo que en algunos casos percibe sueldos inferiores a los 1.200 euros netos mensuales.

Según Gabriel Gómez, el salario "puede ser algo superior cuando acumulas algunos años de experiencia, o si estás destinado a determinados servicios, pero un vigilante que acaba de iniciarse en el sector no supera los 1.160 euros al mes. Y a cambio de ese dinero ha de jugarse la piel día tras día".