El Gobierno central y Baleares llegan a acuerdos para evitar ir al Constitucional

El Gobierno de España acepta el cierre de la Oficina Anticorrupción después de que el Govern de Marga Prohens haya garantizado que se establecerá un canal externo de denuncias.

Igualmente, el Ejecutivo da su visto bueno al proceso de regularización de construcciones fuera de ordenación construidas en suelo rústico que hayan prescrito, contemplado en el Decreto ley de Simplificación Administrativa, dado que el Govern se compromete a que la medida no se aplicará en suelo urbano o urbanizable, algo que nunca se planteó durante la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley.

Otro acuerdo se refiere al Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que creó la figura de viviendas a precio limitado. El Gobierno central defendía que ciertas medidas contempladas en aquella norma deberían figurar en el planeamiento urbanístico de cada ayuntamiento, lo que requiere de años de tramitación. El Govern, para salvar la objeción, defendió que se contemplan mecanismos a favor de la Administración en los casos de aumentos del aprovechamiento del suelo, conforme a la legislación estatal. Este acuerdo salva las 4.000 viviendas a precio limitado que el Govern estima que podrán ser creadas con la norma aprobada.

Un último acuerdo alcanzado entre el Estado y la Comunidad Autónoma es relativo a la atención sanitaria urgente y a la derivación de pacientes a centros privados.